El Grito del Sur, medio popular y cooperativo con sede en la Ciudad de Buenos Aires, respondió de forma pública a las declaraciones realizadas por el vocero presidencial Manuel Adorni durante la conferencia de prensa del martes 30 de abril. En dicha intervención, Adorni acusó al medio de realizar “una ocupación ilegal sostenida por los acuerdos políticos de la gestión anterior” en el Espacio para la Memoria Virrey Cevallos, lugar donde actualmente funciona la redacción del medio.
En su exposición, Adorni afirmó que la presencia del medio en el sitio “implicaba la utilización de instalaciones, mobiliario, electricidad y wifi –entre otros recursos del Estado– que nada tenían que ver con los fines para que fuera creado el Espacio de Memoria, el cual tanto veneraban”. Y añadió: “Es decir, bajo el paragüas de los derechos humanos financiaban su editorial partidaria kirchnerista con el presupuesto nacional. Solo en sueldos, se gastaban 16.213.027 millones de pesos, algo así como 210.769.351 millones de pesos por año”. Finalmente, indicó que “desde la Secretaría de Derechos Humanos ya se hizo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, que está investigando los hechos”.
Frente a estas acusaciones, El Grito del Sur emitió un comunicado titulado "La mentira tiene patas cortas", en el que responde punto por punto a las afirmaciones del vocero.
Respecto a la acusación de “ocupación ilegal sostenida por la gestión anterior”, señalaron: “El propio Adorni dijo que El Grito del Sur llegó al Espacio para la Memoria Virrey Cevallos en el año 2018. En ese entonces, la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estaba a cargo de Claudio Avruj, con Mauricio Macri como presidente. Es decir, nada tuvo que ver un supuesto gobierno ‘kirchnerista’. Asimismo, no existe tal ilegalidad mencionada por Adorni: en ese momento suscribimos un convenio con el entonces coordinador del Espacio, Osvaldo López (detenido y torturado en Virrey Cevallos durante la última dictadura), y era de público conocimiento la presencia de la redacción en dicho lugar”.
Sobre el uso de recursos estatales, indicaron: “Con excepción del suministro de electricidad, todas estas cuestiones fueron provistas con recursos económicos propios del medio de comunicación. El cuarto donde se instaló la redacción periodística estaba completamente abandonado y en pésimo estado, con lo cual nos ocupamos de refaccionar el espacio y ponerlo en valor. También compramos todo el mobiliario y pagamos mes a mes el servicio de Internet para poder trabajar allí”.
En cuanto a los montos que supuestamente se destinaban a salarios, expresaron: “Nada más alejado de la realidad. Nuestra cooperativa está conformada por ocho trabajadores de prensa -ninguno de éstos era empleado del Ministerio de Justicia- y sólo algunos perciben salarios que apenas superan el mínimo, vital y móvil, incluso otros ni siquiera cobran o lo hacen dependiendo de la contraprestación realizada, con lo cual la gran mayoría somos pluriempleados”.
El comunicado finaliza con una declaración colectiva del equipo del medio: “No tenemos miedo y no vamos a callarnos. No vamos a dejar de hacer periodismo ni aunque nos intimiden los más altos funcionarios del Gobierno. Vamos a seguir construyendo un medio que combata la crueldad, la mentira y el fascismo. Porque si nos quieren callados y obedientes, nosotros seguiremos gritando”.
