El conflicto laboral en la empresa ILVA, que comenzó a fines de agosto con el despido de 300 trabajadores, cumplió este miércoles 56 días. En ese contexto, los empleados cesanteados realizaron una nueva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, donde participaron de la tradicional marcha de jubilados que se realiza cada semana frente al Congreso.
Durante la jornada, los trabajadores marcharon con banderas y carteles que reclamaban el pago de salarios e indemnizaciones pendientes. “Seguimos sin respuestas por parte de la empresa. Necesitamos que nos paguen, como indica la ley”, expresaron durante la protesta.
La manifestación se dio pocos días después de que la empresa presentara ante la Justicia un pedido de concurso de acreedores. De no alcanzarse un acuerdo favorable, el proceso podría derivar en la quiebra de la firma y la liquidación de sus bienes, lo que genera incertidumbre entre los despedidos que aún no percibieron sus indemnizaciones.
El conflicto se originó a fines de agosto, cuando los 300 empleados que integraban la planta de ILVA en Pilar comenzaron a recibir telegramas de despido de manera simultánea. Desde entonces, los trabajadores mantienen un acampe en reclamo por la reincorporación o el pago completo de las indemnizaciones, ya que la empresa ofrece abonar solo el 50%.
A lo largo del conflicto, se realizaron distintas medidas de protesta en Pilar, incluyendo marchas frente al predio de la fábrica, en el centro del distrito, en la sede local del Ministerio de Trabajo, y cortes en los accesos al Parque Industrial y la autopista Panamericana.
En el transcurso de las negociaciones, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires propuso hacerse cargo de parte de los sueldos adeudados si la empresa aceptaba reincorporar al personal, pero la oferta fue rechazada por la firma.
Los trabajadores también denunciaron que la empresa no atraviesa una crisis que justifique su cierre y que incluso habría iniciado nuevas búsquedas laborales para cubrir algunos de los puestos que dejaron vacantes.
Como parte de sus acciones, también llevaron a cabo escraches en los barrios privados del norte del conurbano donde residen los propietarios de ILVA.
