Una fiscalía de San Isidro, la sede de la Drogas Ilícitas de la policía en la localidad de Martínez y la comisaría de Benavídez eran allanadas desde esta mañana en el marco de una causa federal por narcotráfico y asociación ilícita que involucra a funcionarios judiciales, policías, detenidos y abogados, informaron fuentes judiciales y policiales.
Se trata de una serie de al menos 20 allanamientos ordenados esta mañana por la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en un expediente que se inició en 2016 y en el que también interviene la Fiscalía Federal N°2 de ese distrito, a cargo de Rodolfo Fernando Domínguez.
Si bien la causa se maneja con absoluta reserva desde el juzgado, una de las fuentes consultadas por Télam se limitó a indicar que se trataría de una investigación vinculada “al narcotráfico y al presunto armado de causas”.
Los allanamientos eran realizados por detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA).
La fiscalía allanada es la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Isidro (ahora rebautizada de Drogas Ilícitas), que funciona en el segundo piso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340. De esa sede judicial, los policías de la PFA secuestraron computadoras y documentación.
También fue allanada con el mismo objetivo la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la policía bonaerense, ubicada en la avenida Del Libertador 14243 de la localidad de Martínez.
La comisaría 4° de Tigre, con sede en Benavídez, fue otro de los objetivos allanados, pero las fuentes aclararon que allí sólo se fueron a buscar los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo alojado en ese lugar en 2015 y que estaba detenido en una causa llevada por los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro.
Otros procedimientos fueron realizados en estudios jurídicos de abogados también investigados en el marco de la misma causa federal.
Fuente: Télam
