En la tarde del viernes, en el Centro de Salud Norte, en la localidad de Villa Adelina (Vicente López), fue nuevamente allanado, luego que el pasado 17 de abril se dictara su clausura preventiva por la aparición de 36 casos de contagios de coronavirus, entre el personal de salud, pacientes, familiares y empleados de una casa de sepelios de Villa Ballester.
El objetivo del allanamiento, informó Infobae, fue recabar elementos de prueba para la investigación judicial que lleva adelante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro encabezado por Sandra Arroyo Salgado, y realizar el levantamiento de la clausura del lugar.
Efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, a cargo del comisario Fabián Zoya, se llevaron las historias clínicas de los pacientes que estuvieron en la institución desde el 1º de marzo. También realizaron una inspección ocular y registraron con fotos y videos las instalaciones del nosocomio a los fines de corroborar lo declarado en cuanto a las condiciones edilicias por los testigos en la causa.
La clausura fue levantada porque se habría cumplido con el objetivo inicial de preservar la salud de los pacientes internados, disponer su traslado en todos los casos que se pudiera y recabar la pruebas para investigar la muerte de la jubilada que dio origen a la investigación judicial.
En simultáneo, también se realizó otro procedimiento en el sanatorio Mariano Pelliza, ubicado en Olivos, que es de los mismos dueños que el Centro de Salud Norte, con la finalidad de retirar los legajos de los médicos que se desempeñan allí, a la vez que en el Centro de Salud Norte, para corroborar que tengan la habilitación correspondiente para ejercer la medicina en el país ya que varios de ellos son extranjeros, constatar sus matrículas y cruzar sus datos con las historias clínicas de los pacientes.
Arroyo Salgado, además, le ordenó al Ministerio de Salud bonaerense y al Municipio de Vicente López que inspeccionen las condiciones de bioseguridad, edilicias y de higiene del Centro de Salud Norte, institución prestadora de PAMI, garanticen su desinfección, evalúen si están las condiciones dadas para su reapertura y se comprometan con su cumplimento.
“Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud provincial en adecuar y mejorar las condiciones de la clínica para ver si puede seguir operativa. Hoy es importante tener la mayor cantidad de camas disponibles y que los centros de salud privados también cumplan con mejorar y estar a la altura de los nuevos requerimientos que esta Pandemia del COVID-19 impone. En el sector de la salud pública lo estamos haciendo, ellos deben hacerlo también”, expresaron a Infobae desde el Municipio.
No obstante la jueza aclaró en el oficio que es la cartera sanitaria bonaerense la encargada de otorgar la habilitación correspondiente al edificio y su infraestructura como centro de salud.
La clausura
La titular del Juzgado Federal Nº1 de San Isidro había dispuesto el 17 de abril último el cierre preventivo del Centro de Salud Norte por considerar que la clínica era un “foco infeccioso” de coronavirus ya que los directivos de la clínica no dispusieron las medidas adecuadas a tiempo para prevenir la propagación de la enfermedad. La orden judicial, sin embargo, no terminó de concretarse porque no pudieron ser trasladados los 29 jubilados que estaban internados en ese momento.
La demora en disponer una intervención médica por parte de las autoridades sanitarias bonaerenses en la clínica, pese a lo que lo había solicitado el fiscal Fernando Domínguez y ordenado Arroyo Salgado, derivó en que, al menos, seis empleados del Centro de Salud Norte siguieran yendo a trabajar estando infectados de coronavirus con posterioridad a que la Justicia ordenara su cierre preventivo.
Si bien no ingresaron desde ese momento nuevos pacientes, al comenzar el testeo de COVID-19 se detectó que 23 integrantes del personal médico y no médico de la clínica estaban infectados y tres de sus familiares, tres pacientes –de las cuales dos fallecieron–, cuatro de sus familiares y tres personas de la cochería Menini de la localidad de Villa Balelster (San Martín), que intervino en el sepelio del primer caso que salió a la luz.
Tras una reunión entre Arroyo Salgado, Domínguez y el ministro Daniel Gollán el 27 de abril, el Ministerio de Salud bonaerense y el PAMI comenzaron el traslado de la mayoría de los internados, y el proceso de alta a los que estaban en condiciones. Sin embargo, aún permanecen en el nosocomio internadas tres mujeres: una de 84 años con COVID-19, otra en estado muy delicado en terapia intensiva, y una tercera que está en proceso de recibir el alta.
Hasta el momento, y a partir de la investigación que llevan adelante Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez, están imputados tres profesionales médicos, entre ellos el director médico del Centro de Salud Norte, Pinzetta. Sin embargo, el universo de investigados es más amplio y no se descarta que pueda haber más imputados a partir del análisis de la prueba recabada, incluidos los dueños de la clínica.
INFORME: INFOBAE
