La Justicia federal ordenó este jueves allanar dos lotes en el barrio cerrado Ayres Plaza, en Pilar, como parte de una causa que investiga la posible utilización de sociedades como pantalla para adquirir bienes a nombre de terceros. La investigación tiene como principal foco una mansión adjudicada por los denunciantes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Las propiedades allanadas están a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyo titular es Luciano Pantano, exdirigente deportivo, junto a su madre, Ana Lucía Conte. Ambos están siendo investigados como supuestos testaferros de Tapia, y tienen prohibido salir del país. También se dispuso la inhibición general de sus bienes.
Las unidades funcionales 265 y 306 figuran como “a construir”, aunque fotografías incorporadas a la causa muestran la existencia de una vivienda ya edificada. Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Daniel Rafecas, quien también dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre Real Central SRL, y solicitó a la DGI-ARCA información fiscal de la firma y sus socios.
Según un informe incorporado a la causa, la sociedad a nombre de Pantano y Conte posee 59 vehículos registrados, varios de ellos de alta gama y de colección. La denuncia también señala que, pese a su bajo nivel de ingresos, los investigados adquirieron una mansión de 105.000 hectáreas en Villa Rosa, Pilar. Esa propiedad, actualmente custodiada por la Policía Federal Argentina, cuenta con pista de entrenamiento para equinos, un haras con caballos árabes y pura sangre, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto.
Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y tuvo un rol en la tesorería del Club Almirante Brown. Declarado como monotributista, al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria superior a los 2 millones de pesos. Su madre es jubilada y trabajadora autónoma, y durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La empresa Real Central SRL surgió tras la modificación de una firma anterior, “Central Parks Drinks SRL”, de bajo movimiento y con un capital inicial de 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 se modificó su nombre, y su capital social se elevó a 58 millones de pesos. Días más tarde, la sociedad compró el predio donde se encuentra la mansión.
La denuncia fue presentada por la Coalición Cívica, que planteó la existencia de maniobras de ocultamiento y disimulación del origen de los fondos, lo que podría configurar el delito de lavado de activos.
