La investigación por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar sumó nuevas medidas en las últimas horas con la realización de dos allanamientos, uno de ellos en un country del partido de Tigre, en busca de elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia en el marco del expediente que investiga el fallecimiento del médico, ocurrido el 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo, bajo la carátula de averiguación de muerte dudosa.
Uno de los operativos se concretó en una vivienda del country Santa Bárbara, en Tigre, mientras que el segundo tuvo lugar en un departamento ubicado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en la ciudad de Buenos Aires. Ambos domicilios están vinculados a Chantal “Tati” Leclercq, médica residente de anestesiología.
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron un teléfono celular y un iPad, dispositivos que serán sometidos a peritajes para analizar comunicaciones, contactos y posibles elementos que permitan reconstruir las horas previas al fallecimiento de Zalazar o su entorno relacional. De acuerdo a la información publicada por el diario La Nación, no se hallaron fármacos ni sustancias médicas en los lugares inspeccionados.
La figura de Leclercq aparece en la causa a partir de su mención en una ampliación de denuncia presentada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba). Si bien no está imputada, su nombre quedó incorporado a la investigación por sus vínculos con otros protagonistas del caso.
En ese contexto, la pesquisa por la muerte de Zalazar se entrecruza con otra causa judicial que investiga la sustracción y el consumo recreativo de propofol y otros anestésicos provenientes del Hospital Italiano. Aunque ambos expedientes tramitan por separado, los investigadores detectaron conexiones a partir de relaciones personales y del hallazgo de insumos médicos en el departamento donde fue encontrado el cuerpo del anestesista.
En paralelo, por la causa vinculada al desvío de medicamentos se encuentran imputados el anestesiólogo Hernán Boveri y la médica Delfina Lanusse, quienes fueron apartados de sus funciones. La Justicia logró reconstruir parte de un circuito que habría permitido la salida irregular de estas sustancias hacia domicilios particulares.
Mientras avanzan los peritajes toxicológicos para determinar qué sustancias estuvieron involucradas en la muerte de Zalazar, el análisis del material secuestrado en los allanamientos —especialmente el realizado en el country de Tigre— aparece ahora como una de las claves para profundizar la investigación y establecer posibles responsabilidades o conexiones aún no esclarecidas.
