La Policía Federal Argentina allanó este viernes una propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, en el marco de una causa que investiga un posible esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, quien posteriormente fue apartado del caso tras una resolución de la Cámara Federal.
Durante el procedimiento, se incautaron 45 automóviles de lujo y/o colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. Todos los vehículos estaban almacenados en un galpón dentro del predio y figuran a nombre de la firma Real Central SRL. La justicia ordenó su secuestro, tasación y registro fotográfico, al igual que un relevamiento integral de la propiedad.
El inmueble había pertenecido al exfutbolista Carlos Tevez, quien lo adquirió en 2017. En 2023 fue transferido a la firma Malte SRL, y en mayo de 2024 pasó a manos de Real Central SRL, sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Según consta en la investigación, Malte SRL fue proveedora de la AFA en 2022 mediante un contrato de USD 500.000 para la implementación del sistema VAR.
La propiedad, de más de 105.000 metros cuadrados, cuenta con instalaciones deportivas y otras estructuras de alto valor. En paralelo, seis peritos tasadores –tres designados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro– ingresaron al lugar para determinar el valor de los bienes.
La causa, inicialmente instruida por Rafecas, fue trasladada por la Cámara Federal al Juzgado Penal Económico N° 10, que subroga el juez Marcelo Aguinsky. El expediente, caratulado como presunto lavado de activos, apunta a establecer si la adquisición de la propiedad y los vehículos por parte de Real Central SRL se realizó con fondos cuyo origen no estaría justificado.
La investigación incluye antecedentes patrimoniales de Pantano y Conte: él fue titular de la Asociación Argentina de Futsal y Fútbol Playa y protesorero del club Almirante Brown; ella, monotributista hasta 2012 y beneficiaria del IFE en 2020. Ambos figuran como responsables de una empresa sin respaldo económico acorde con las operaciones realizadas.
Antes del operativo en Pilar, la Justicia había ordenado inspecciones en cocheras de la Ciudad de Buenos Aires, sin resultados positivos. Fue entonces cuando se autorizó el allanamiento del predio en Pilar, que según la denuncia, podría estar relacionado indirectamente con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.
El juzgado en lo penal económico continuará con el análisis de la documentación y los bienes incautados para determinar si forman parte de un entramado destinado a encubrir patrimonio vinculado a dirigentes de la AFA.
