Cobertura para QUE PASA: Franco González.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte realizó a una conferencia de prensa para visibilizar las barreras que, según denunciaron junto a Amnistía Internacional, enfrentan mujeres que buscan acceder a la interrupción del embarazo en el municipio de San Isidro. Del encuentro participaron referentes de organizaciones de derechos humanos, profesionales de la salud, sindicatos, docentes, concejales y organizaciones de mujeres y feministas.
Durante la jornada, desarrollada en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se informó sobre una acción judicial impulsada por Amnistía Internacional debido que la existencia de un protocolo local para la atención de solicitudes de interrupción del embarazo que funcionaría como barrera para el acceso al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. Desde la organización señalaron que "el reconocimiento dé este protocolo resulta relevante porque indicaría que las dificultades denunciadas no responderían a situaciones aisladas, sino a una directiva institucional que habría organizado el circuito de atención para estos casos".
Además, desde Amnistía afirmaron que "la legalidad de ese protocolo y su compatibilidad con la Ley Nacional 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, serán materia de análisis en el ámbito judicial". "Las barreras para acceder a este derecho pueden derivar en vulneraciones de derechos, comprometer a profesionales de la salud en conductas contrarias a sus obligaciones legales y profesionales, e incluso generar responsabilidades legales para el municipio", sostuvieron desde Amnistía y brindaron detalles sobre el avance de la causa judicial.
Mariela Galassi, representante de Amnistía Internacional presente en la conferencia de prensa, explicó que, durante 2024 y 2025 recibieron "testimonios de personas que enfrentan barreras para acceder al aborto en San Isidro". "En 2025 recibimos nuevos testimonios que señalaban nuevas y diferentes formas de obstaculización, demoras indebidas, exigencias de reconfirmación del consentimiento y pasos previos y obligatorios por psicología y servicio social, requisitos que no se encuentran previstos en la Ley 27.610, que vale recordar es del orden público", indicó.
"Intentamos en reiteradas oportunidades y a través de diferentes canales establecer un diálogo tanto con la Secretaría de Salud Municipal como con la Dirección del Hospital Materno para conocer los procedimientos aplicados y para mover la adecuación del circuito a la normativa vigente, pero no obtuvimos respuesta", afirmó y también dijo que, ante una anterior presentación de Amnistía, "en respuesta a la orden del Juzgado N°2 en lo Contencioso Administrativo de este departamento judicial, el Municipio reconoció en marzo de este año que había distribuido entre el personal de salud un protocolo actualizado de actuación municipal ante solicitud de IVE o ILE".
"Esto confirma lo que sospechamos, la existencia de un circuito informal e irregular de atención a solicitudes de aborto que obstruye y dilata el acceso a la práctica y pone en riesgo la salud de las personas que lo necesitan. Y no solo eso, este circuito pone a los profesionales de la salud entre la espada y la pared. O cumplen este protocolo ilegal o cumplen la ley nacional y se arriesgan a perder su trabajo. Este llamado 'protocolo' es un simple PDF sin fecha, sin firma, sin sello, sin identificación de acto administrativo o expediente, que por supuesto nunca se publicó", definió la integrante de Amnistía Internacional.
Galassi expresó también que el protocolo "no solamente tiene problemas de forma, sino que tiene graves problemas de contenido". Entre ellos, destacó que "concentra el acceso al aborto de manera injustificada en el Hospital Materno Infantil, cuando es sabido que el acceso al aborto en las primeras semanas debe y puede hacerse en el primer nivel de atención porque la interrupción medicamentosa temprana es un procedimiento seguro y de baja complejidad. Prevé como pasos previos al consultorio IVE ILE, en donde efectivamente se garantiza la práctica, una consulta psicológica y el servicio social cuando la ley es clara y se expresa en el sentido contrario: dice que esos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para el acceso a la práctica. Pero además, agrega que estos pasos son obligatorios para ciertas categorías de sujetos que definen con una vaguedad tan grande que no solo genera discrecionalidad, sino también incertidumbre entre los profesionales y ende frustración del derecho, personas en situación de adicción, personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa eso?".
En este sentido, dijo que "luego de este circuito que de por sí es ilegítimo, el protocolo exige una nueva manifestación de la voluntad, de la voluntad de abortar. Pese a que el consentimiento ya fue prestado. O sea: ingresa la persona en el área en la historia clínica en recepción, pasa por Psicología, pasa por la Consejería, pasa por el Servicio Social y después tiene que ratificar nuevamente su voluntad de acceder a la práctica. Burocratiza el acceso al aborto de formas nunca vistas. Mientras el protocolo nacional prevé un solo formulario de consentimiento, este protocolo prevé tres formularios de consentimiento, información sobre riesgos, una hoja de ruta, documentos que pese a que los pedimos y que el juez también los pidió el municipio, todavía no acompañó. Y algo muy serio es que retrocede un siglo el acceso por causales para los abortos que desde hace mucho antes de la ley ya eran legales en caso de riesgo para la salud".
"Este llamado protocolo no constituye una implementación legítima de la Ley y ni una organización del circuito de acceso. Es una manera de darle a apariencia de legalidad a verdaderos obstáculos administrativos que restringen el ejercicio de un derecho", cuestionó.
Ante la situación denunciada, Amnistía Internacional presentó una acción judicial ante el fuero Contencioso Administrativo de San Isidro, pidiendo "que se ordene al Municipio no solo a que cese esa forma de actuar irregular, que se conoce jurídicamente como vía de hecho, sino que cumpla con la Ley 27.610 en todos sus términos, que garantice el acceso en todos los niveles, que se abstenga de exigir pasos previos y obligatorios injustificadamente, que refuerce la confidencialidad de las pacientes y que compute el plazo de 10 días desde el primer contacto de la persona con el sistema de salud y no, como lo hace ahora, después de atravesar todo este laberinto que tiene que atravesar la persona y empieza a contar el plazo de 10 días de este protocolo".
"La acción pide además una medida cautelar, una tutela anticipada para que los derechos se garanticen hoy y no cuando llegue la sentencia definitiva", informó Galassi.
Martina Ferreto, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte, también apuntó contra estas "irregularidades" en el protocolo de atención local y manifestó que "en un principio convivían en la institución tanto un consultorio de IVE e ILE, que hoy ya no existe más, con un consultorio llamado de Maternidades Vulnerables. Este último comenzó siendo atendido por personas voluntarias que no eran profesionales de la sanidad, salud ni estaban planificadas para desempeñarse como tales en una entidad sanitaria pública. Y el día de hoy, las autoridades siguen sin dar respuestas sobre quiénes lo atienden efectivamente. En dicho espacio, además de regalar escarpines y vírgenes, se desinforma sobre la práctica del aborto con el objetivo de generar miedo, culpa y cuestionar las decisiones de las usuarias para persuadirlas para que cambien de opinión".
"En uno de los municipios con mayores recursos del conurbano bonaerense, ¿cómo se explica que las pibas acudan a métodos y lugares inseguros para abortar, por negar la información y la práctica conforme lo indica la Ley? No vamos a aceptar nuevas muertes. Hablamos de los costos humanos, pero a quienes les importan solo los económicos, sepan que llegar a estos extremos también implica destinar más recursos públicos para atender las graves consecuencias de esta violencia institucional. El municipio de San Isidro tiene todos los recursos y las condiciones para dar respuestas de calidad a las demandas de su ciudadanía. Resaltamos que el fundamentalismo religioso no puede gobernar", cuestionó Ferreto.
"Le recordamos al señor intendente que el Artículo 85bis del Código Penal de la Nación condena a toda persona, funcionaria pública o a la autoridad del establecimiento de salud profesional, efector o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare en contravención de la normativa vigente a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados", sostuvo.
Por otra parte, Daniela Treco, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, leyó un comunicado de parte de profesionales de la salud de San Isidro, y dijo que "se ven expuestos a una situación hostil y de suma contradicción" y que "hoy no pueden estar acá porque son perseguidos por por las autoridades locales por garantizar este derecho".
En el comunicado, los médicos aseguraron que "desde la sanción de la ley en diciembre de 2020 que el municipio de San Isidro trabaja articuladamente desde los centros de salud y la maternidad para garantizar este derecho. En los centros de salud brindando información, consejería, pre y posaborto y con la maternidad con el acceso a la medicación, a las prácticas en sí y a estudios complementarios. Había un circuito establecido que permitía las sexuales a acceder a información, a estudios complementarios, al tratamiento, a la Consejería en Salud, donde también se identificaban casos de abuso y de violencia. Y finalmente también se accedía a métodos anticonceptivos, todo en el marco de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en la Constitución Nacional, en leyes nacionales y provinciales."
"Hoy y desde el 2024 esta situación se modificó completamente. No solo es eliminar el consultorio de IVE ILE, sino que armaron consultorio de maternidades vulnerables atendido por personal no calificado para la atención de la salud. Persiguen a profesionales de la salud de los centros de salud para que no brinden información ni realicen Consejería y muchos menos receten la medicación necesaria para el tratamiento de los abortos. Todas directrices contrarias a las perspectivas de derecho y al marco normativo vigente del país y de la provincia de Buenos Aires. Es un escenario hostil que vuelve una práctica segura a una práctica insegura. Sabemos quiénes más padecen esta situación son las usuarias que se ponen a maltratos y información. Pero también nos expone a nosotras y nosotras como profesionales de la salud a incumplir una ley nacional", manifestaron.
