El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar preventivamente al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, mientras avanza el jury iniciado en su contra.
Según informó Infobae, el magistrado enfrenta seis cargos relacionados con presuntas situaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, malos tratos a empleados y funcionarios, utilización indebida de recursos estatales, abuso de poder, presiones sobre testigos y una delegación irregular de su firma digital.
García Maañón ya se encontraba de licencia por disposición de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Tras el apartamiento preventivo, el proceso continuará con el análisis de las acusaciones formuladas en su contra y con la producción y valoración de las pruebas.
El expediente se originó en julio de 2025, cuando una funcionaria judicial que trabajaba en la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro presentó una denuncia contra García Maañón ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. La mujer lo acusó de acoso sexual y laboral y abuso de poder. De acuerdo con la presentación, los episodios habían comenzado meses antes e incluían mensajes y comunicaciones que el magistrado le enviaba con referencias a su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas para mantener encuentros personales.
Entre los mensajes atribuidos al juez aparece la frase “Los pantalones te quedan muy bien”. La funcionaria incorporó chats y audios como elementos de prueba para respaldar su denuncia. A partir de esa presentación se abrió un sumario administrativo dentro de la Suprema Corte bonaerense y también una investigación penal preparatoria, que quedó a cargo del fiscal José Amallo.
En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense, entonces encabezada por Julio Conte-Grand, presentó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que constituyó el primer paso formal para avanzar con un eventual jury contra García Maañón. La presentación no quedó limitada a la denuncia original por presunto acoso. Las actuaciones incorporaron además señalamientos relacionados con violencia laboral, abuso de poder, utilización de recursos humanos y materiales del Poder Judicial para beneficio propio y presiones sobre testigos.
Posteriormente, el Colegio de Abogados de San Isidro presentó otra denuncia contra el magistrado, que fue acumulada al expediente iniciado a partir de la presentación de la Procuración General.
Los seis cargos contra García Maañón
El primero de los cargos formulados contra el camarista se refiere a presuntas situaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres. La segunda acusación apunta a malos tratos reiterados contra empleados y funcionarios. Según la imputación, esas conductas habrían incluido expresiones agraviantes, descalificaciones, órdenes arbitrarias y comportamientos autoritarios.
El tercer cargo se relaciona con la presunta utilización indebida de recursos del Estado para su comodidad personal. La cuarta imputación señala un supuesto trato irrespetuoso hacia superiores, además de referencias a su poder institucional que, de acuerdo con la acusación, habrían sido utilizadas con fines intimidatorios.
El quinto cargo está relacionado con presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones que pudieran perjudicar al magistrado. Finalmente, se le atribuye una delegación irregular de su firma digital, conducta que el Ministerio Público Fiscal considera contraria a la normativa vigente.
El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por el titular de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Gabriel Torres. También lo integran como conjueces abogados Iván Roberto Ponce Martínez, Lisandro Daniel Benito, Beatriz Domingorena y Marcela Alejandra Wambold, y como conjueces legisladores Gustavo Sergio Cuervo, Florencia Arietto y Natalia Miriam Blanco.
Con García Maañón apartado preventivamente de sus funciones, el jury deberá avanzar ahora con el tratamiento de los seis cargos, la producción de las pruebas y su posterior valoración para determinar la responsabilidad del magistrado respecto de las conductas que le fueron atribuidas.
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