El juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fue suspendido de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires, que también ordenó el embargo del 40% de su sueldo. La medida se tomó en el marco de las denuncias por presunto acoso sexual y laboral contra una funcionaria judicial.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una audiencia realizada el 3 de noviembre, en la que el jurado consideró verosímiles los cargos formulados contra el magistrado, de 78 años, y resolvió avanzar con el proceso de enjuiciamiento.
La resolución también tiene consecuencias sobre la renuncia que García Maañón había presentado a fines de julio, cuando manifestó su intención de preservar sus 38 años de trayectoria judicial. A partir de la suspensión, el gobernador Axel Kicillof no podrá aceptar esa dimisión mientras continúe el procedimiento, que podría concluir con la destitución del camarista.
Las acusaciones contra el camarista fueron impulsadas por la Procuración General bonaerense y el Colegio de Abogados de San Isidro. Además de los presuntos episodios de acoso sexual y violencia laboral, incluyen señalamientos por malos tratos a empleadas judiciales, utilización de recursos públicos para cuestiones personales, delegación de firma digital y posibles presiones sobre testigos.
También se incorporó una denuncia relacionada con el retiro de muebles y otros objetos del despacho del magistrado que, según la acusación, pertenecían al Poder Judicial.
El expediente de enjuiciamiento se originó a partir de una presentación realizada hace aproximadamente un año por el procurador general de la provincia, Julio Conte-Grand, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. Uno de los principales testimonios corresponde a una secretaria letrada de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, identificada con las iniciales G. B. S., quien se desempeñaba desde 2016 en la Secretaría de Presidencia del tribunal.
La funcionaria denunció haber recibido mensajes y comentarios sobre su apariencia física, además de describir situaciones de presunto acoso ocurridas durante encuentros laborales en el despacho del juez.
Entre los episodios incluidos en la acusación figura uno en el que, según su relato, García Maañón la habría sujetado de la cintura e intentado tocarle los glúteos. La denunciante también mencionó una situación que involucró un arma dentro de la oficina del magistrado, ocurrida en junio de 2025.
Ahora, tras la admisión de las acusaciones, las partes cuentan con un plazo de diez días para presentar las pruebas que buscarán utilizar durante el debate. También deberán informar si consideran necesaria la realización de una audiencia preliminar. Mientras avanza el jury, continúa una investigación penal independiente en la Justicia de San Isidro, con intervención del fiscal José Amallo, a partir de la denuncia presentada por la secretaria letrada.
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