El Gobierno nacional aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión para Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), un paso clave en el proceso de privatización de la empresa estatal. La decisión se formalizó a través de la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La medida se enmarca en la Ley de Bases y, según el texto oficial, apunta a concretar una “transformación de importancia refundacional” en la prestación del servicio de agua potable y cloacas, que actualmente alcanza a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Como parte del proceso, el Ejecutivo estableció que antes de avanzar con la venta del paquete accionario debía definirse un contrato que delimite con claridad las obligaciones y derechos tanto del Estado como del futuro operador. En ese sentido, el documento señala que “con carácter previo al perfeccionamiento de la venta del paquete accionario, debía contarse con un Contrato de Concesión que regule con mayor claridad las obligaciones y los derechos tanto del concedente como del concesionario”.
El esquema aprobado prevé la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, mientras que el resto será colocado en el mercado bursátil. Con este marco, el Gobierno busca otorgar previsibilidad jurídica y atraer inversores interesados en hacerse cargo del servicio.
El contrato establece una concesión por 30 años, con posibilidad de prórroga por una década adicional, e incluye la prestación de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Además de definir la estructura de la privatización, el nuevo modelo incorpora una hoja de ruta con impacto directo en el esquema tarifario. En una primera etapa de transición, que se extiende entre 2024 y 2026, AySA deberá cumplir con el Plan de Acción vigente, orientado a reorganizar su funcionamiento y sanear sus cuentas.
A partir de enero de 2027 comenzará una nueva etapa bajo control privado, con el inicio del denominado “Primer Ciclo Tarifario”. En ese período se deberán cumplir las metas de inversión y expansión de la red que acuerde el comprador en el contrato, lo que marcará el ritmo de actualización de tarifas y el desarrollo del servicio.
Con la aprobación del contrato, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedó habilitada para avanzar con el llamado a licitación nacional e internacional, paso previo para definir qué empresas podrán competir por la gestión de uno de los sistemas de agua y saneamiento más grandes del país.
