Impulsan cautelar para detener las construcciones de barrios privados en el Delta del Paraná y el Río Luján

La causa se encuentra iniciada desde hace más de tres años, y la misma se amplió por las inundaciones de mediados del año pasado, que produjeron daños materiales, evacuación y hasta pérdidas humanas.

 

Fue el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez quien solicitó a Sandra Arroyo Salgado la implementación de una medida cautelar que ordene la paralización de las obras que se realicen en los barrios y clubes privados ubicados “en la planicie de inundación del Río Luján y en el Delta del Paraná, como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquellos cuyas obras no han iniciado”.

En este sentido, no sólo instó a que se hagan estudios de impacto ambiental y de evaluación de la incidencia de las construcciones en las diversas inundaciones que afectaron parte de la Provincia de Buenos Aires, sino también pidió a las autoridades estatales (de Nación, Provincia y Municipios) que tengan en consideración llevar adelante un “plan integral de contingencias” para “disminuir y/o prevenir los extensos daños provocados por las intensas precipitaciones”.

“Se ha demostrado que la construcción de barrios cerrados y clubes privados asentados en la planicie de inundación del río Luján y en el Delta del Paraná no sólo han afectado al medio ambiente, sino que han producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, afectando a todas aquellas personas que sufrieron el anegamiento de sus casas y terrenos, provocando también la pérdida de vidas humanas y un impacto que se hace cada vez más intenso”, refleja el escrito presentado por Domínguez.

Además de la letra dura del texto de la presentación, distintos argumentos de profesionales vinculados al estudio acompañaron el pedido. Es el caso de Fabio Kalesnik, biólogo, científico del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien manifestó que el Delta del río Paraná “es uno de los humedales más importantes del mundo y uno de los pocos que conforman un estuario de agua dulce”, y que “con las construcciones mega inmobiliarias en las zonas de los humedales, se produce una eliminación total de los sistemas de humedales, causando un daño irreversible en el ambiente, y que los emprendimientos hechos sobre la ribera aluvial del río Luján impiden que el agua fluya en forma normal por el área, provocando inundaciones en las áreas vecinas fuera de los terraplenes”.

Por último, Fernando Domínguez afirmó que la protección del medio ambiente es “una garantía de los derechos económicos, sociales y culturales (derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al agua y el derecho a la salud), pero también de derechos civiles y políticos, pues sin un ambiente sano y saludable resulta difícil ejercer plenamente otros derechos”.

La causa original se radicó en 2012 con la denuncia de construcciones “ilegales” sobre el “dominio público natural”, que a su vez provocaron, según denuncias de vecinos, las inundaciones de octubre de 2014 “provocando el fallecimiento de Daniel Quintana en el Municipio de San Fernando y de Nahuel Reyes en el Municipio de Luján”. Luego de las inundaciones producidas el 6 de agosto del año 2015, los denunciantes formularon una nueva presentación de las mismas características que la anterior, en la que también se consignó el fallecimiento de, al menos, dos personas.

 

Fuente: Fiscales.gob.ar