El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, acusado de posible encubrimiento en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida fue tomada a pedido del fiscal Franco Picardi, que sospecha que el De Vicentis habría colaborado en la fuga de Jonathan Simón Kovalivker, empresario de la droguería Suizo Argentina, quien aún no fue localizado por la Justicia.
Los investigadores sostienen que la seguridad privada de Nordelta pudo haber demorado a la Policía en los operativos realizados en el barrio, lo que habría facilitado la salida del empresario. En el domicilio de Kovalivker se hallaron cajas de seguridad, una de ellas abierta, lo que para la Justicia es un indicio de una huida apresurada.
Durante los allanamientos autorizados en el marco de la causa, se secuestraron 266 mil dólares, 7 millones de pesos, documentación y teléfonos celulares, además del pasaporte del empresario. Las pericias sobre estos dispositivos serán claves para determinar la existencia de maniobras ilegales y precisar la red de vínculos en torno a la droguería.
La causa se originó tras la difusión de audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde señalaba presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y en la compra de medicamentos. Además de Spagnuolo, figuran como investigados Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan y también accionista de la droguería.
La estructura empresarial de Suizo Argentina está dominada por la familia Kovalivker: Eduardo Jorge, padre de los empresarios, concentra más del 60% del capital accionario; Jonathan Simón, presidente de la compañía, controla poco más del 20%; y Emmanuel, con una participación minoritaria, también tiene actividad en la gestión.
En paralelo, la Justicia avanza con el análisis de la documentación secuestrada en las propiedades allanadas y en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad. El objetivo es determinar si existió un esquema de sobornos a proveedores de medicamentos y si funcionarios o intermediarios del organismo facilitaron esas maniobras.
