Un supermercado de San Justo, partido de La Matanza, fue condenado a pagar una indemnización de $4.500.000, más intereses y costas, a un cliente que sufrió el robo de una computadora y otras pertenencias que había dejado dentro de su vehículo mientras realizaba compras. La Justicia consideró que el comercio debía garantizar la seguridad de los bienes de sus clientes, incluso cuando el estacionamiento ofrecido fuera gratuito.
El episodio ocurrió en abril de 2021, cuando el damnificado llegó al supermercado Chango Más a bordo de una Honda CRV y estacionó en la playa del establecimiento. Antes de ingresar al local, cerró las puertas y ventanas del vehículo y activó la alarma.
Sin embargo, al regresar de hacer las compras, descubrió que la alarma estaba desactivada y que una de las puertas traseras había sido forzada. Al revisar el interior, comprobó que le habían robado una notebook, una batería portátil, un cargador, guantes, una mochila y un par de anteojos.
Tras advertir lo sucedido, el hombre acudió al personal de seguridad del supermercado para intentar obtener respuestas. No obstante, no le permitieron revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia ni le ofrecieron una solución ante el robo.
Frente a esta situación, presentó una denuncia penal y posteriormente intentó resolver el conflicto mediante una mediación prejudicial. Como esa instancia no prosperó, decidió iniciar una demanda civil por daños y perjuicios contra la empresa.
La causa quedó en manos del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº1 de La Matanza, que analizó el reclamo a partir de la Ley de Defensa del Consumidor y las obligaciones de seguridad que deben cumplir los establecimientos comerciales.
Durante el proceso, la empresa demandada no respondió al traslado de la demanda, por lo que fue declarada en rebeldía. Esta circunstancia, junto con la documentación presentada por el damnificado, fue considerada por la Justicia al momento de evaluar los hechos.
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue determinar si el supermercado tenía responsabilidad por los objetos sustraídos de un vehículo estacionado en su predio. En ese sentido, la jueza sostuvo que la gratuidad del estacionamiento no exime al comercio de su obligación de brindar seguridad, ya que se trata de un servicio que forma parte de la actividad comercial y que permite atraer clientes.
El fallo también tuvo en cuenta los principios de protección al consumidor establecidos en la Constitución Nacional y en la Ley 24.240, además de antecedentes judiciales relacionados con la responsabilidad de los comercios por los bienes de quienes utilizan sus estacionamientos.
Luego de analizar las pruebas y los fundamentos del reclamo, la Justicia resolvió hacer lugar a la demanda y estableció una indemnización total de $4.500.000, distribuida en tres conceptos. Por los objetos sustraídos del vehículo se fijó una reparación de $2.500.000 en concepto de daños materiales. A esa suma se agregaron $1.000.000 por daño moral y otro $1.000.000 en concepto de daño punitivo. La sentencia también dispuso que el supermercado deberá afrontar los intereses correspondientes y la totalidad de las costas del proceso judicial.
En sus fundamentos, la jueza remarcó que los establecimientos que ofrecen playas de estacionamiento como parte de sus servicios asumen una obligación de custodia y seguridad, independientemente de que cobren o no por su utilización. Asimismo, consideró que la falta de respuesta de la empresa durante el proceso judicial y su conducta frente al reclamo del consumidor resultaban relevantes para resolver la demanda.
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