Una mujer fue detenida en Tigre, acusada de integrar una organización que reclutaba personas en Argentina para enviarlas a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. El operativo fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación judicial que comenzó tras una alerta surgida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
De acuerdo con la investigación, la sospechosa actuaba junto a su pareja, quien permanece prófugo y se presume que continúa fuera del país luego de haber viajado a Brasil a fines de junio. Ambos habrían captado civiles y ex uniformados en distintos puntos de Argentina con la promesa de un salario mensual de 3.000 dólares por participar en el conflicto bélico.
La causa se originó en marzo, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entrevistó a cuatro hombres en el sector de preembarque de Ezeiza. En un primer momento, los viajeros aseguraron que se dirigían a Ucrania para trabajar en tareas de construcción destinadas a reparar daños provocados por los ataques rusos.
Sin embargo, durante las entrevistas realizadas por separado, los investigadores detectaron importantes contradicciones entre los relatos. Ninguno de los hombres pudo explicar de qué manera había financiado los pasajes, quién los recibiría al arribar al destino ni cuáles serían concretamente las tareas que desarrollarían. Además, afirmaron haber conseguido el supuesto empleo mediante plataformas digitales, no contaban con pasajes de regreso y tampoco disponían de dinero para afrontar su estadía.
Ante las inconsistencias detectadas, los cuatro terminaron reconociendo que su verdadero objetivo era incorporarse a los combates en territorio ucraniano. Según declararon, habían sido convocados con la promesa de recibir un salario en moneda extranjera, aunque el contrato sería firmado una vez que llegaran al país europeo.
También admitieron que la versión sobre los trabajos de construcción había sido acordada previamente entre ellos como una coartada, ya que temían ser demorados o impedidos de viajar si revelaban el verdadero motivo del traslado.
A partir de esa situación, el Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora ordenó que los cuatro hombres no abordaran el vuelo y delegó la investigación en el Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal.
Las tareas investigativas permitieron identificar a los presuntos reclutadores y establecer que operaban desde un domicilio ubicado sobre la calle Alfonsina Storni al 100, en Tigre. Según un reporte del Ministerio de Seguridad de la Nación, la organización también utilizaba vehículos para trasladar a las personas reclutadas hasta el aeropuerto.
Con esos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda, procedimiento que contó con la participación de un Grupo de Irrupción del GEOF, personal del CPM, especialistas en cibercrimen y efectivos del Departamento Trata de Personas.
Durante el operativo fue detenida la mujer investigada, mientras que su pareja no fue localizada. En el lugar se secuestró un teléfono celular en el que los investigadores detectaron el uso de la aplicación Binance para operar con criptoactivos y fondos que, según la causa, ya habían sido congelados por orden judicial.
Además, durante el allanamiento se incautaron distintos elementos de interés para la investigación, entre ellos insignias y parte de un uniforme policial.
Las autoridades informaron que en el domicilio no fueron halladas víctimas de trata de personas ni documentación vinculada directamente con ese delito.
La mujer fue trasladada en calidad de incomunicada para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes y permanece a disposición del Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora, mientras continúa la búsqueda de su pareja y avanza la investigación para determinar el alcance de la presunta red de reclutamiento.
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