El juzgado federal 2 de San Isidro ha tomado una decisión en el caso de las amenazas de muerte dirigidas al ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa, Malena Galmarini, ocurridas en 2020 luego de que sus números de teléfono fueran difundidos en las redes sociales. Diez imputados, quienes se reconocieron culpables, deberán realizar tareas comunitarias y efectuar donaciones a una reconocida ONG.
La causa se originó a raíz de las múltiples amenazas de muerte recibidas por Sergio Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, y su esposa Malena Galmarini en septiembre de 2020. Estas amenazas se produjeron tanto en redes sociales como a través de mensajes de WhatsApp, después de que se divulgaran públicamente sus números de teléfono.
Tras la denuncia correspondiente, se identificaron a diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina. Luego de demostrarse la autoría y responsabilidad penal de los acusados, la justicia les ha impuesto una serie de obligaciones con una duración de hasta dos años y seis meses.
Luego de la investigación y tras considerarse que "se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales" de los acusados, la justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses., el tribunal ha suspendido el proceso a prueba para los imputados y les ha impuesto la realización de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias como una forma de cumplir con su condena. Además, se les ha ordenado hacer donaciones a la Asociación Civil "Pequeños Pasos", con montos que oscilan entre los $20.000 y los $200.000 pesos.
La fiscalía ha señalado que cada frase empleada en las amenazas es distinta y algunas tienen mayor gravedad que otras. Con base en esta consideración, los imputados deberán realizar las donaciones a la Asociación Civil "Pequeños Pasos" y entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes. Además, se les requerirá cumplir con tareas comunitarias y realizar cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.
