La Sala 3 de Casación Penal confirmó la elevación a juicio de los diez policías involucrados en la causa por la muerte de Sofía Fernández, la mujer trans de 38 años que fue hallada muerta en la Comisaría 5ª de Presidente Derqui, partido de Pilar, en abril de 2023.
La resolución llega tres años y dos meses después del crimen y pone fin a una extensa etapa de apelaciones y planteos judiciales que, según la querella, estuvo marcada por sobreseimientos cuestionados, demoras procesales y disputas sobre los agravantes que deben aplicarse en el caso.
“Fueron casi dos años de investigación y más de un año de una etapa intermedia compleja con un arbitrario sobreseimiento dictado por el juez de Garantías Saettone a nueve de los diez policías involucrados”, sostuvo Ignacio Fernández Camillo, abogado querellante y representante legal de la familia de Sofía.
La causa había atravesado un momento clave en noviembre de 2025, cuando la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro revocó el sobreseimiento que el juez Walter Saettone había otorgado a nueve de los imputados, una decisión que había sido apelada por la fiscalía, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la familia de la víctima.
Los policías que serán juzgados
Tres efectivos están acusados de homicidio calificado: la sargento Jésica Isabel Núñez, el oficial ayudante Carlos Matías Rodríguez y la subteniente Viviana Edith Ruiz. En caso de ser hallados culpables, enfrentan una pena de prisión perpetua y podrán optar por ser juzgados mediante juicio por jurados.
Los otros siete imputados son Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez, Germán Gonzalo Robles, Daniel Eduardo Salerni, Miriam Elisabeth Valor, Camila Belén Pitulak, Gabriela Itatí Mino y Gustavo Gabriel Camacho, quienes deberán responder por el delito de encubrimiento agravado.
La diferencia entre las imputaciones podría derivar en más de un juicio oral. Según explicó Fernández Camillo en declaraciones radiales, si alguno de los acusados por homicidio solicita un juicio por jurados, ese proceso podría desarrollarse por separado del correspondiente a los policías acusados de encubrimiento. Además, el abogado advirtió que la demora en los tribunales podría extender los tiempos del proceso, ya que algunas salas están fijando fechas para debates orales recién en 2028.
Uno de los aspectos más discutidos durante la investigación fue la aplicación de agravantes vinculados a la identidad de género de la víctima. Finalmente, la acusación mantuvo la calificación que contempla la condición de integrantes de una fuerza de seguridad de los imputados, el odio a la identidad de género y la responsabilidad estatal en el marco de estándares internacionales sobre femicidios.
Según la querella, la violencia ejercida contra Sofía comenzó incluso antes de su muerte. Fernández Camillo sostuvo "el odio a la identidad de género tuvo, sin dudas, varias etapas y la historicidad respecto de la vida de Sofía, pero en lo que hace a los hechos empezó mucho antes que la acción". También cuestionó que Sofía fuera alojada en una comisaría de varones y que no se atendieran las advertencias que había realizado sobre los riesgos que corría.
Un caso que conmocionó a Pilar
La muerte de Sofía Fernández ocurrió durante la madrugada del 10 de abril de 2023. Había sido detenida bajo sospecha de un intento de robo y fue alojada en la Comisaría 5ª de Presidente Derqui. Dos días después, su cuerpo apareció en uno de los calabozos de la dependencia policial.
Inicialmente, los policías informaron a la familia que se había tratado de una muerte súbita e incluso deslizaron la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, la autopsia determinó que Sofía murió por asfixia. Además, se hallaron trozos de colchón y de ropa interior en sus vías respiratorias, junto con lesiones compatibles con agresiones físicas.
Durante la investigación también se denunciaron irregularidades como la eliminación de mensajes del teléfono celular de la víctima, la falta de peritajes completos sobre dispositivos de los policías implicados y presuntas manipulaciones en el libro de guardia de la comisaría.
Tras conocerse la confirmación de la elevación a juicio, el abogado de la familia señaló que la decisión fue recibida como “una pequeña victoria” luego de más de tres años de reclamos para que todos los involucrados lleguen al debate oral.
