Este jueves 23 de mayo, los docentes de todo el país llevan a cabo una huelga nacional de 24 horas en protesta por la falta de respuesta a sus exigencias salariales y laborales. Los principales sindicatos docentes, entre ellos la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que incluye al gremio mayoritario en la provincia de Buenos Aires, Suteba, y los sindicatos integrados en la CGT (UDA, AMET, CEA y SADOP) participan de la medida de fuerza.
El paro es por reclamo del sector educativo por mejoras salariales y laborales, así como por un mayor financiamiento para la educación pública. La falta de respuesta del Gobierno a las demandas de los gremios llevó a esta medida de fuerza que afecta todos los niveles educativos.
El motivo principal de la protesta es el estancamiento en las negociaciones salariales con el Gobierno. Los docentes exigen una recomposición salarial y la convocatoria a la paritaria nacional, que no se concretó desde diciembre de 2023. Según los sindicatos, el salario inicial de los docentes está muy por debajo de la línea de pobreza, llegando en algunos casos a estar por debajo de la línea de indigencia.
Ante este escenario, la huelga docente afectará todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el universitario. Esto incluye a las escuelas primarias y secundarias, técnicas, institutos de educación superior y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los sindicatos señalaron que la medida de fuerza es "muy contundente" y tiene un alto impacto en la educación pública del país.
En los colegios privados, la situación es diferente. Aunque el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se sumó a la convocatoria de la huelga, su adhesión no es representativa en términos de cantidad de afiliados. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) indicó que la mayoría de los colegios privados abrirán sus puertas y continuarán con el dictado de clases programado.
Además de la recomposición salarial, los docentes exigen financiamiento adecuado para las escuelas y universidades públicas, recursos para infraestructura escolar, fondos para comedores escolares y programas educativos. También piden un aumento de emergencia para los docentes jubilados, la no modificación de los regímenes jubilatorios y el cese de los despidos en el sector educativo.
