A más de un mes de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional avanzó con la publicación del decreto reglamentario que define los mecanismos operativos para exteriorizar dólares no declarados y detalla los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La medida forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía para incentivar la bancarización de divisas y acelerar la reactivación económica.
La reglamentación busca otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes que decidan incorporar al sistema financiero los dólares atesorados fuera del circuito formal, un stock que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, estimó en alrededor de USD 170.000 millones.
Uno de los puntos centrales del decreto es la exigencia de bancarizar los dólares para poder utilizarlos. De acuerdo con fuentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) citadas por Infobae, el contribuyente podrá optar por ingresar el dinero al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación.
En la práctica, esto implica dos alternativas: depositar los dólares en una cuenta bancaria propia y luego transferirlos, o realizar directamente una transferencia bancaria a un tercero. El objetivo es garantizar la trazabilidad de los fondos, en línea con las recomendaciones del GAFI y del Fondo Monetario Internacional, y permitir al Estado monitorear posibles maniobras de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
El decreto también precisó los alcances del Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta clave para quienes deseen adherir a la Ley de Inocencia Fiscal. Para ingresar al RSG, los contribuyentes deben cumplir tres condiciones: ingresos anuales inferiores a $1.000 millones, un patrimonio menor a $10.000 millones y no estar categorizados como grandes contribuyentes.
La reglamentación aclaró que, para evaluar el límite de ingresos, solo se computan los ingresos propios —gravados, no gravados y exentos—, excluyendo aquellos percibidos en carácter de intermediación. Entre los beneficios del régimen se destacan la presunción de exactitud de las declaraciones y el efecto liberatorio del pago, lo que reduce la exposición a fiscalizaciones futuras.
En el caso de los monotributistas, desde ARCA advirtieron que deberán inscribirse en el RSG si desean utilizar los dólares no declarados; de lo contrario, quedarán sujetos a eventuales controles fiscales. Según consignó Infobae, el organismo prevé emitir en los próximos días resoluciones generales que complementen la reglamentación.
El decreto también abordó la actualización de los umbrales de punibilidad en materia de evasión fiscal. Para la evasión simple, el monto mínimo pasó de $1,5 millones a $100 millones. En este marco, ARCA señaló que las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del decreto podrán solicitar la aplicación de la ley penal más benigna.
Otro punto sensible fue la actualización de las multas automáticas, que se incrementaron de manera significativa. Sin embargo, desde el organismo recaudador indicaron que no se automatizarán intimaciones para contribuyentes de menor relevancia. En el caso de las pymes, se prevé otorgar plazos adicionales y enviar recordatorios previos antes de iniciar sumarios sancionatorios, con el fin de facilitar la regularización voluntaria.
Resta aún conocer la reacción de los bancos y otras entidades privadas frente a la reglamentación. Según Infobae, no se descarta que el sector solicite mayores precisiones por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), que atraviesa un proceso de recambio de autoridades.
Mientras tanto, en el Ministerio de Economía confían en que la puesta en circulación de los denominados dólares “inocentes” contribuya a dinamizar el crédito y la actividad económica, en una etapa clave del programa económico del Gobierno.
