Una nueva polémica surge en relación a los carpinchos que, tras la pandemia, se metieron en el debate público ya que se visibilizó su presencia en la distintos sectores de la costa de la zona norte del conurbano, especialmente en urbanizaciones cerradas que fueron desarrolladas en humedales que eran parte del hábitat natural de de estos roedores. En estos días, se conoció que el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de trasladar carpinchos desde barrios cerrados del norte del conurbano bonaerense hacia un área de islas en el Delta del Paraná. La medida, impulsada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, conducida por Daniel Scioli, forma parte de un programa en análisis para reducir los conflictos generados por la presencia de estos animales silvestres en zonas urbanizadas.
Según informó el mismo Scioli, el objetivo sería “llevarlos a un hábitat donde puedan alimentarse con pasto, relocalizarlos en una isla, que idealmente puede ser en San Fernando o en Tigre, que funcione como una especie de santuario”. En declaraciones a distintos medios el ex gobernador dijo: “Entendemos que hay personas familiarizadas con esta especie, y estamos considerando que puedan hacerle un seguimiento, asegurarse de que serán trasladados a un lugar mejor y que puedan visitarlos”.
La iniciativa contempla el traslado mediante jaulas camión por tierra hasta el Delta, desde donde los animales serían llevados a su destino final en embarcaciones. Según Scioli, se trata de una medida que intenta equilibrar la necesidad de protección ambiental con las demandas de sectores de la población que consideran problemática la convivencia cotidiana con estos roedores.
Actualmente, se estima que hay más de 3.000 carpinchos en distintos municipios del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo Tigre, San Fernando, San Isidro y Escobar. En Nordelta, se calcula una población de 630 ejemplares y se registró un crecimiento del 100% en un año, según un estudio que esgrime un sector de vecinos del barrio.
No obstante, especialistas como Rubén Quintana, investigador del Conicet y director del Instituto de Investigación de Ingeniería Ambiental de la Unsam, expresaron críticas a la propuesta. En diálogo con La Nación, consideró que el proyecto es “un delirio”, y cuestionó que no contemple “variables biológicas y ecológicas fundamentales, como la capacidad de carga del ecosistema receptor”. “¿Cómo se va a considerar que los territorios tengan todo lo que los carpinchos necesitan?”, planteó.
Desde Fundación Vida Silvestre, Manuel Jaramillo sostuvo que no hay evidencia de un aumento real en la densidad poblacional, y explicó que la mayor presencia en zonas urbanizadas podría deberse a la búsqueda de alimento en invierno.
Convivencias y conflictos en Nordelta
En Nordelta, las reacciones ante los carpinchos son diversas. Algunos vecinos los integran a su vida cotidiana, disfrutan de su presencia y han tomado el tema como una bandera. Otros, en cambio, los prefieren lejos de sus viviendas y hasta algunos han instalado cercas electrificadas para impedir su paso, una medida considerada ilegal por la legislación ambiental provincial.
En paralelo, la Asociación Vecinal Nordelta implementó este año un plan de control poblacional mediante la aplicación de un anticonceptivo con efecto inmunoesterilizante a 250 ejemplares adultos. La propuesta fue aprobada por la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, con apoyo técnico del Conicet y la UBA, pero generó rechazo por parte de agrupaciones ambientalistas.
El anuncio del plan de traslado generó sorpresa entre autoridades locales. Marcelo Cantón, secretario de comunicación institucional de la Administración Vecinal de Nordelta, declaró a La Nación sobre su sorpresa: “A Nación no le compete el manejo de la flora y fauna. Nosotros tenemos un plan de manejo en Nordelta que está coordinado con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia que ya ejecutamos”.
La polémica también involucra aspectos legales. Desde organizaciones como Carpichos Nordelta señalaron que la propuesta vulneraría normativas vigentes. “Es sencillamente un delito”, sostuvo Nora, integrante del grupo, al referirse a la Ley de Maltrato Animal, la Ley General de Medio Ambiente y la Ley de Flora y Fauna.
Mientras tanto, desde la cartera que dirige Scioli aseguran que la medida se encuentra en evaluación y que no será aplicada sin consenso y estudios técnicos.
