El Obispo de San Isidro denuncia que para el gobierno provincial los niños de los barrios mas pobres no son prioridad

Becas para niños y adolescentes no se actualizan desde 2010 y cuyo pago se suspende periódicamente ponen en riesgo la continuidad de los centros de contención. El ministro Aparicio no cumplió las promesas hechas en febrero. La Iglesia y distintas organizaciones sociales reclaman.

Monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro, reclamó al gobierno de la provincia de Buenos Aires la actualización de las becas con las que se mantienen centros de contención de unos 225.000 niños y adolescentes de las zonas más pobres de la provincia.

"Hablar de contención en un barrio marginal es hablar de prevenir el consumo de drogas, por eso la estabilidad de estos centros es fundamental", dijo Ojea, que en el Episcopado preside Cáritas Argentina.

"La cuestión de los atrasos se repite, y si algo se atrasa o no se aumenta quiere decir que no es una prioridad", dijo Ojea, que hace semanas se entrevistó con el flamante ministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio recibiendo el compromiso, no cumplido hasta el momento, de resolver la situación.

Los chicos que concurren a esos centros "son los que suelen estar mucho en la calle, son los chicos de las esquinas, los que no tienen contención familiar", dijo Ojea, para quien "es feroz" la demanda de droga en los barrios marginales.

En su diócesis, integrada por San Fernando, Vicente López, Tigre y San Isidro, funcionan ochenta centros que subsisten gracias a donaciones y ayudas de empresas y particulares. Se trata de jardines maternales, "casas del niño", centros de atención a la infancia y centros juveniles en los que unos 500 docentes, asistentes sociales y otros profesionales asisten a unos 15.000 chicos.

En teoría, esos centros son sostenidos con becas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, como las UDI (unidad de desarrollo infantil), para niños de hasta 12 años, y otras ayudas con distintas denominaciones, como Centros Juveniles, Plan Eva Perón y otras, para adolescentes de hasta 18.

Pero la falta de actualización de sus montos y el retraso en su pago están poniendo en dificultades a los gestores de los centros.

El monto de esas becas no se actualiza desde diciembre de 2010 y van de $ 300 a $ 450 por mes por cada chico. En la mayoría de los casos se adeudan desde septiembre de 2013.

Para paliar el desfase en cuanto a los montos recibidos desde el gobierno provincial y los gastos erogados, sobre todo en sueldos a los profesionales y empleados, el obispado de San Isidro se hizo cargo de conseguir fondos. Pero hay muchos centros que complen similar función que no se encuetran bajo la órbita de la iglesia, y la situación que están pasando es crítica.

Organizaciones sociales reclaman en La Plata




Alrededor de 300 organizaciones de todo el conurbano se concentraron el jueves 27 de febrero en el hall del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires para reclamar al nuevo ministro, Aparicio, el cumplimiento del acta acuerdo firmada 15 días antes en la que se dejó constancia del inminente pago de los 4 meses adeudados del programa UDI (Unidades de Desarrollo Infantil).

El 17 de febrero, el ministro en persona junto a sus asesores, recibió a la delegación de Interredes (colectivo de redes que congrega a: Red Andando, Red El Encuentro, Coordinadora de Jardines Maternales de Matanza, Colectivo de a Pie, Monseñor Angelelli, Caritas Quilmes, Caritas San Isidro y la Red de Apoyo Escolar) y prometió agenda abierta, diálogo y cumplimiento de los pagos.

Frente a esta situación, las organizaciones sociales advierten que peligra la continuidad del servicio de cientos de organizaciones educativas, comedores, casas del niño, centros de día, hogares, centros juveniles, apoyos escolares, etc. Miles de familias del conurbano van a verse directamente afectadas si desde el ministerio no se cumple con los convenios pactados.

Las organizaciones responsabilizan directamente al gobernador Daniel Scioli y al actual ministro de Desarrollo Social Eduardo Aparicio por la inexistencia de una Política Pública destinada a la Infancia en la Provincia que se traduce en incumplimiento de convenios, falta de pago, inadecuado valor de la beca, la desactualización de la matricula cubierta, entre otros aspectos.



Fuente: Que Pasa Web / Prensa RAE / La Nación