Escobar busca que se declaren ilegales las ordenanzas sancionadas en Pilar, que permitieron la instalación de dos centrales termoeléctricas en predios lindantes al municipio. El tema es de suma relevancia por el impacto ambiental de las termoeléctricas, que afecta directamente a los vecinos de la región.
Por este motivo, el intendente Ariel Sujarchuk anunció, en una reunión junto a vecinos de la localidad de Matheu, la presentación de un amparo en representación de la Municipalidad de Escobar ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra la Municipalidad de Pilar.
En ese sentido, Sujarchuk explicó que se encaró esta acción “en defensa de los vecinos de la localidad de Matheu y de todo el partido de Escobar con el objetivo de proteger la vida, la paz, la seguridad pública y los intereses de los bonaerenses”. Además, sostuvo estar “convencido de que el desarrollo debe llevarse a cabo de manera sustentable, aportando nuevos datos a las autoridades provinciales, y entendiendo que es necesario generar nuevas fuentes de energía pero en el lugar indicado, en el marco correcto y aplicando las normas y leyes vigentes”.
De acuerdo a lo informado desde el Municipio de Escobar, el eje central de la acción y el derecho del municipio de Escobar a plantear dicha demanda radica “en la violación a normas de orden constitucional por parte del municipio de Pilar, íntimamente ligadas al desarrollo humano y a la preservación del medio ambiente” vinculadas a la autorización para que las empresas APR Energy SRL y Araucaria Energy S.A. se instalen en una zona “que carecía de tal habilitación”.
Por otro lado, denuncian que “estas empresas comenzaron con la construcción de las instalaciones con anterioridad a obtener las autorizaciones que ahora se cuestionan. Por lo tanto, en la demanda se pide como cautelar la suspensión de todas las actividades de las centrales termoeléctricas hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”.
Antes de la interposición de esta demanda, el municipio de Escobar realizó distintas acciones vinculadas al reclamo por la instalación de las termoeléctricas. En una primera instancia, se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires un pedido formal de relocalización de las empresas ante el intendente del partido de Pilar. También el Laboratorio Ambiental Pehuén y de la Universidad de San Martín hicieron estudios ambientales preventivos, se mantuvieron reuniones con concejales de Escobar y de Pilar, y el Concejo Deliberante de Escobar aprobó una ordenanza manifestando su preocupación y solicitando informes a las empresas sobre el impacto ambiental que genera dicho emprendimiento.
