Una investigación judicial permitió desarticular una organización que operaba desde el interior del penal de Magdalena y que, mediante engaños telefónicos, logró estafar a dos jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro.
El caso tiene como damnificados a Luis Cayetano Cayuela (80) y Juan Eduardo Stepaniuc (74). Ambos fueron contactados por delincuentes que simulaban ser empleados de empresas de correo, telefonía o soporte técnico, con el objetivo de acceder a información personal.
De acuerdo a la investigación, los llamados se realizaban desde el pabellón 7 de la Unidad 35 de Magdalena, donde los internos habían montado una estructura que funcionaba como un “call center” delictivo. Desde allí efectuaban hasta 30 comunicaciones diarias, entre las 9 y las 17.30, repitiendo guiones diseñados para generar confianza en las víctimas.
La maniobra consistía en advertir sobre supuestos envíos o gestiones pendientes y solicitar que las personas leyeran en voz alta códigos de verificación recibidos en sus teléfonos. Con esos datos, los estafadores lograban acceder a cuentas personales, como WhatsApp, y continuar con nuevas acciones fraudulentas.
En uno de los casos, los delincuentes consiguieron vulnerar la cuenta de una de las víctimas. Entre las pruebas incorporadas a la causa se encuentran audios de las conversaciones posteriores al engaño, donde se escucha a uno de los jueces decir: “Me chorearon todo, hermano. ¿Qué pasó?”. En otro fragmento, reconoce: “Yo caí y encima soy abogado”.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos de San Isidro, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, con intervención de la DDI local. A partir del análisis de antenas, líneas telefónicas y dispositivos, los investigadores lograron determinar que las comunicaciones provenían de un radio cercano al penal.
Con esa evidencia se ordenó un allanamiento en el pabellón señalado, donde se secuestraron seis teléfonos celulares, cargadores y una tarjeta SIM, elementos clave para la operatoria de la banda.
Como resultado del operativo, fueron imputados tres internos: Gabriel Nicolás Giménez (26), identificado como presunto líder, junto a Juan Manuel Acuña (32) y Facundo Ponce (28), acusados de participar en las estafas.
Además, el análisis de las escuchas permitió detectar al menos otras cinco víctimas que habrían sido engañadas mediante el mismo mecanismo, lo que amplía el alcance de la investigación.
Desde la fiscalía advierten que este tipo de delitos se basa en la obtención de códigos de verificación y reiteran la importancia de no compartir datos personales ni claves de seguridad ante llamados o mensajes de origen desconocido.
