La causa abierta contra Novo es la 3468 y en esa se investigan la participación que el representante de Ministerio Público tuvo en casos resonantes como los crímenes de Unicenter, San Fernando y General Rodríguez, el tráfico de enfredina, la detención del narco colombiano “Mi Sangre” y el lavado de dinero en barrios privados de Tigre.
Además, se analiza los vínculos que el fiscal y sus colaboradores mantenían con Gustavo y Adolfo Juliá, hijos del brigadier José Antonio Julia, Jefe de la Fuerza Aérea durante el Gobierno de Carlos Menem.
Ambos hermanos fueron condenados en España por intentar introducir una tonelada de cocaína a ese país en un avión privado.
Novo está acusado además de “abuso de autoridad, estorbo funcional e incumplimiento de sus deberes como funcionario público”.
La investigación en curso determinó que la abogada defensora de Gustavo Juliá trabaja bajo las órdenes de Novo en una fiscalía que se encuentran bajo su jurisdicción.
Se indaga también el comportamiento de la fiscal María Inés Domínguez, subordinada Novo y cuñada, además de socia, de Gustavo Juliá.
Arroyo Salgado apunta también a Mariana Busse, secretaría de una fiscalía en San Isidro, pareja del abogado de Juliá, Carlos Alberto Broitman, y codefensora en esa causa contra el hijo del ex brigadier.
El estudio que comparten Busse y Broitman defendió a Ibar Estaban Pérez Corradi, prófugo por el triple crimen de General Rodríguez, y al colombiano Jesús López Londoño, apodado “Mi Sangre” y que fue apresado en 2013 en un barrio privado de Tigre.
Además, en la nota se consigna que la pareja del funcionario y secretaria privada estaba en contacto con el defensor de uno de los sicarios que actuó en el crimen de Unicenter, en el que fueron asesinados a tiros dos ciudadanos colombianos.
En su resolución, la jueza afirma que ese día, el 24 de julio de 2008, se presentó en ese centro comercial ubicado en la zona Norte del Conurbano un grupo de policías que secundaba a Claudio Scapolán, otro colaborador de Novo.
Para la magistrada, “no existía motivos para que Scapolán – a cargo de Investigaciones Complejas-- estuviera presente en el lugar en el que se sucedieron los hechos”.
La investigación revela que Arroyo Salgado le pidió al magistrado federal de turno que autorice un allanamiento sobre la empresa Movistar para determinar los cruces de llamadas entre Novo, sus colaboradores y la empresa Federal Aviation, propiedad de los hermanos Juliá.
