El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de Granja Tres Arroyos y ordenó la reincorporación de 1.200 trabajadores despedidos en las plantas de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. En el caso de Pilar, la medida alcanza a los 50 empleados desvinculados de la planta ubicada en La Lonja.
La disposición tendrá una vigencia de 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco. La reincorporación de los trabajadores fue establecida como condición para reabrir las negociaciones entre las empresas y el sindicato. La decisión llega después de varias semanas de conflicto en el establecimiento pilarense, donde la totalidad del plantel había atravesado un mes de suspensiones antes de que se concretaran los despidos.
La situación en la planta de La Lonja comenzó a agravarse durante agosto. El 14 de ese mes, el Concejo Deliberante de Pilar giró pedidos de informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de unos 300 trabajadores. La medida se extendía desde el 3 hasta el 30 de agosto, sin actividad operativa y con pago parcial de los salarios.
El 21 de agosto, los gobernadores Axel Kicillof, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora anunciaron la conformación de una mesa conjunta para coordinar acciones frente a la crisis de Granja Tres Arroyos en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.
Posteriormente, el 1° de septiembre, la empresa y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) acordaron reducir a 50 los despidos en Pinazo. La propuesta inicial contemplaba 170 cesantías sobre una dotación aproximada de 300 trabajadores. Ahora, la conciliación obligatoria dispone la reincorporación de esos 50 empleados.
El Ministerio de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el jueves siguiente a la publicación de la información, con participación de Granja Tres Arroyos, Wade y el STIA. Allí continuará la discusión sobre la situación de los establecimientos bonaerenses. En el marco del conflicto, la empresa propuso donar 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos. El ofrecimiento fue rechazado por el sindicato.
La situación laboral se desarrolla en medio de las dificultades económicas que atraviesa el grupo: Granja Tres Arroyos analiza presentarse en convocatoria de acreedores en los próximos días, una posibilidad que todavía no fue informada como una decisión concretada.
Actualmente, la compañía negocia una reestructuración de deuda por US$350,9 millones y que, junto con Avex y Wade, acumula 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones. También indica que la empresa había manifestado su intención de pagar el 50% de las indemnizaciones.
La crisis alcanzó además al patrimonio vinculado a sus propietarios. El 2 de septiembre, la Justicia ordenó embargar una vivienda del Highland Park Country Club, en Pilar, relacionada con la familia De Grazia. La medida se dictó en el marco de una ejecución por $1.795 millones que tramita ante un juzgado comercial porteño.
El secretario general del STIA, Julio Chamorro, rechazó los argumentos de la empresa, que atribuye la crisis a la caída de las exportaciones, la gripe aviar y una sobreoferta de pollo en el mercado interno. "Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial", señaló Chamorro. También cuestionó la existencia de una sobreoferta doméstica: "No es real, el consumo de pollo sigue creciendo", afirmó.
El dirigente sindical criticó además la utilización del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, invocado por la empresa para encuadrar los despidos bajo una situación de fuerza mayor. "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", sostuvo.
Por otra parte, el gremio reclamó que la compañía entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, documentación que, según indicó el STIA, todavía no había sido presentada.
Con la conciliación obligatoria en vigencia, el conflicto ingresa en una nueva etapa de negociación. Para los trabajadores de Pinazo, la medida implica la orden de reincorporación de los 50 despedidos, mientras continúa la discusión sobre la situación laboral y económica de la planta de Pilar.
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