El Municipio de Tigre salió a responder a las graves acusaciones que circularon en redes sociales sobre presuntos secuestros y apropiaciones de bebés por parte del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Las denuncias surgieron a partir de reclamos de familiares que cuestionaron la intervención del organismo municipal y algunas medidas de separación de niños de sus familias.
En diálogo con QUEPASA, la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias de Tigre, Nadia Olivieri, rechazó esas acusaciones y explicó que las intervenciones del organismo se realizan ante situaciones de vulneración de derechos y están sujetas al control de la Justicia. Además, denunció que tres trabajadores municipales fueron agredidos físicamente durante los reclamos.
"La realidad es que es muy grave transmitir eso a la población en general, el miedo que le genera a la comunidad de Tigre, desconociendo los procesos legales y la ley que establece cuáles son los procedimientos para poner a resguardo a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad", sostuvo la funcionaria.
Olivieri evitó brindar detalles de los expedientes particulares, pero explicó que el Servicio Local interviene cuando existen situaciones de maltrato, negligencia o abuso, entre otras circunstancias que pueden afectar los derechos de los menores. También mencionó, entre las problemáticas que deben atender, los nacimientos de bebés con cocaína en sangre. "Nuestra tarea es darle prioridad a las infancias y obviamente protegerlas", remarcó.
"Se toman determinadas medidas de protección, que obviamente las evalúa el equipo nuestro, pero después también hay un juzgado que tiene un equipo técnico y es el juzgado quien después legaliza esas medidas y es quien determina el futuro de estos niños", explicó. Según precisó, estas medidas suelen tener una duración de 180 días: "En este lapso de tiempo se trabaja con la familia de origen para ver si puede revertir la situación y que los niños obviamente tengan el derecho de vivir con su familia, pero hay situaciones que no se pueden revertir". En esos casos, explicó, existen alternativas como mantener la guarda con algún familiar o solicitar judicialmente la declaración de adoptabilidad.
Olivieri también rechazó las acusaciones de que las familias desconocen los motivos de las decisiones. "La familia no puede expresar el desconocimiento porque son notificadas fehacientemente de la medida que se toma, el por qué y qué trabajo deben realizar para poder revertir la situación", afirmó.
Además, aclaró que, si un juzgado declara la adoptabilidad, los familiares pueden recurrir esa decisión ante una instancia judicial superior. "Los niños no se sacan, se les restituyen los derechos a los niños, porque están atravesando alguna situación de vulneración", sostuvo.
Otro de los aspectos que Olivieri puntualizó fue la violencia registrada durante los reclamos contra el organismo municipal. La secretaria aseguró que tres profesionales del área fueron agredidos físicamente y debieron realizar las denuncias correspondientes.
La funcionaria vinculó estos episodios con un contexto de creciente violencia social y manifestó su preocupación por las consecuencias que pueden tener este tipo de ataques sobre los equipos que trabajan con situaciones de vulnerabilidad. "Del Municipio de Tigre cuidamos a las infancias y también queremos cuidar a quienes cuidan a las infancias, por eso no podemos permitir esto", expresó.
La secretaria también indicó que las protestas tuvieran una motivación política o partidaria. Si bien reconoció que las familias pueden manifestar un descontento genuino ante las medidas que afectan a sus hijos, consideró que existen sectores que buscan utilizar esas situaciones políticamente. "Imaginate una familia con la que se toma esta determinación, hay un descontento específico, pero sí es real que hay alguien que lo está aprovechando políticamente y contribuye a que eso continúe", sostuvo.
La funcionaria también explicó que se realizaron las denuncias contra quienes difundieron información falsa sobre el secuestro de niños y cuestionó a personas con responsabilidades públicas que interactúan en redes sociales con publicaciones que contienen estas acusaciones.
"Es repudiable que personas que tienen funciones públicas le den el me gusta o reposten noticias falsas, desconociendo la responsabilidad que tienen. Eso sí que también es de suma gravedad institucional", expresó en relación a una reacción de Malena Galmarini, senadora provincial, a uno de los videos que circularon en redes. "Me parece muy bajo que tengan que recurrir a estas instancias para poder hacer política. Me parece muy triste y aparte doloroso, te diría, porque trabajar con las infancias no es un tema fácil. La realidad que vemos todos los días es terrible", cerró la funcionaria.
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