jueves, noviembre 19, 2026
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Juicio por la verdad: los fusilamientos de José León Suárez fueron reconocidos como delitos de lesa humanidad

La Justicia Federal de San Martín consideró que las ejecuciones ocurridas en junio de 1956 constituyeron crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al Estado argentino. El fallo ordena medidas de reparación, memoria y difusión educativa a 70 años de los hechos relatados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre.

En un fallo considerado histórico, la titular del Juzgado Federal N°2 de San Martín, la jueza Alicia Vence, determinó que los fusilamientos de José León Suárez ocurridos en junio de 1956 deben ser considerados delitos de lesa humanidad. La resolución fue dictada en el marco de un Juicio por la Verdad y reconoce la responsabilidad del Estado argentino en los hechos que inspiraron el libro Operación Masacre, de Rodolfo Walsh.

La sentencia establece que las detenciones ilegales y los fusilamientos perpetrados tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle constituyeron graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el aparato estatal.

Durante las audiencias realizadas en el Auditorio Hugo del Carril participó el Equipo de Acompañamiento “Dra. Silvia Bleichmar” de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, que brindó asistencia a familiares de las víctimas, muchos de los cuales pudieron declarar por primera vez ante la Justicia a siete décadas de los hechos.

La noche del 9 de junio de 1956 fueron fusilados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En tanto, lograron sobrevivir Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta.

Según tuvo por acreditado la magistrada, durante la madrugada del 10 de junio, por órdenes impartidas por el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas, efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de Florida, partido de Vicente López.

Las doce personas detenidas fueron trasladadas primero a la comisaría de San Martín y posteriormente llevadas a los basurales de José León Suárez, donde se concretaron los fusilamientos. El fallo encuadró los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía.

La resolución también atribuyó responsabilidad a las autoridades políticas y policiales involucradas en el operativo, entre ellas el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno. Aunque todos los responsables ya fallecieron, la jueza determinó que la pena que hubiera correspondido aplicarles era la prisión perpetua.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Juan Carlos Livraga, sobreviviente de los fusilamientos, quien declaró desde Estados Unidos a los 96 años.

Además de la declaración de lesa humanidad, la sentencia ordenó diversas medidas reparatorias. Entre ellas, la rehabilitación del honor y buen nombre de las víctimas, la publicación del fallo en organismos oficiales, la incorporación de estos hechos en los diseños curriculares educativos, la instalación de placas conmemorativas y la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez.

Laura Lagar, militante de derechos humanos e integrante de la Comisión por la Memoria, sostuvo que la resolución representa un paso importante para la transmisión de estos hechos a las nuevas generaciones. “Esta sentencia sirve para que los familiares y la comunidad puedan tener un espacio para recordarlos, para que empiece a estar en las escuelas y sean parte de la historia”, afirmó.

Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 16 de julio. La decisión judicial constituye un reconocimiento histórico para las víctimas y sus familias y reafirma los principios de memoria, verdad y justicia sobre uno de los episodios más emblemáticos de la violencia estatal en la Argentina del siglo XX.