La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford Argentina, por su responsabilidad en los secuestros de 24 trabajadores de la planta de General Pacheco, en el partido de Tigre, durante la última dictadura militar. Tras la resolución del máximo tribunal, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº1 de San Martín ordenó su detención. El exdirectivo, de 95 años, permanecerá provisoriamente bajo arresto domiciliario en Córdoba, mientras se analiza el pedido de su defensa para que pueda cumplir allí la pena de diez años de prisión.
La decisión de la Corte confirmó una sentencia dictada en diciembre de 2018 que constituyó un antecedente histórico en el juzgamiento de la participación de directivos de empresas multinacionales en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Según reconstruyó la Justicia, la automotriz colaboró con las fuerzas militares y de seguridad en la persecución de trabajadores, facilitó información para identificarlos, proporcionó vehículos para realizar secuestros y permitió que dentro de su establecimiento funcionara un centro clandestino de detención y tortura.
Los hechos investigados ocurrieron durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando la fábrica de Ford en General Pacheco empleaba a aproximadamente 7.200 personas. Las detenciones comenzaron el mismo día del golpe, cuando hombres armados ingresaron al establecimiento para secuestrar operarios. Al día siguiente, el gerente de Relaciones Laborales comunicó que quedaba prohibida toda actividad gremial.
En ese contexto, 24 trabajadores fueron privados ilegalmente de su libertad. Diecisiete fueron secuestrados dentro de la propia fábrica, mientras que nueve permanecieron cautivos en un quincho ubicado en el predio industrial, utilizado como centro clandestino de detención y tortura. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a otros centros de detención. Durante los operativos, algunos trabajadores fueron identificados mediante fotografías que figuraban en sus legajos laborales o carnets de la empresa.
El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín consideró acreditada la intervención de personal jerárquico de Ford en los hechos. Entre las formas de colaboración identificadas estuvieron el señalamiento de empleados considerados conflictivos, la instalación de personal militar dentro de la planta, la utilización del quincho para mantener cautivos a trabajadores y la provisión de camionetas para los operativos represivos.
La investigación también estableció que, después de los secuestros, se incrementaron las exigencias laborales y los niveles de producción. El directorio de la compañía, del que participaba Müller, celebró posteriormente el aumento de la productividad.
El papel de Pedro Müller en la conducción de Ford
Müller nació en Checoslovaquia en 1931 e ingresó a Ford Argentina a comienzos de la década de 1960. Permaneció en la compañía hasta junio de 1992 y, para 1976, ocupaba el cargo de gerente de Manufactura, responsable del área de producción. Durante el juicio, distintos testimonios permitieron reconstruir su posición dentro de la estructura empresarial. Según los trabajadores que declararon, Müller era quien reemplazaba habitualmente al presidente de la compañía, Nicolás Courard, cuando este se encontraba ausente.
También se estableció que participó en prácticamente todas las reuniones del directorio realizadas durante 1976. Con el retorno de la democracia, llegó a ocupar la vicepresidencia de la automotriz.
La investigación judicial, que incorporó trabajos históricos como los desarrollados por Victoria Basualdo, examinó la actuación de los directivos de Ford durante los primeros meses de la dictadura y su relación con las fuerzas represivas. En ese período, la conducción de la empresa expresaba públicamente su respaldo al gobierno militar.
En febrero de 1976, antes del golpe de Estado, Courard había declarado al diario estadounidense The New York Times: “Los terroristas no son solo los guerrilleros afuera en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día”.
Cuatro años después, durante un acto vinculado con la construcción de una planta de camiones, el presidente de Ford Argentina manifestó ante el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz: “Ford Motor Argentina creyó en el Proceso de Reorganización Nacional porque vio en él el vehículo para que el país se encuentre con su verdadero camino”. Estas declaraciones fueron incorporadas a la reconstrucción judicial del contexto en el que se desarrollaron los secuestros.
En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín condenó a tres responsables por los delitos cometidos contra los trabajadores de Ford: Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo; Héctor Sibilla, militar retirado y responsable de seguridad de la automotriz; y Pedro Müller. A este último se le impuso una pena de diez años de prisión, que debía cumplirse en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal una vez que la sentencia quedara firme.
En los fundamentos de aquella resolución, los jueces Mario Jorge Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Herrero sostuvieron: “A lo largo del debate ha quedado acreditada la intervención de la empresa Ford, a través de su personal jerárquico en los hechos que damnifican a las víctimas de autos”.
En septiembre de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. En esa instancia, el juez Alejandro Slokar señaló que, después del golpe de Estado, Ford Argentina había actuado conjuntamente con las fuerzas armadas y de seguridad para desarrollar acciones represivas contra sus empleados, particularmente contra dirigentes gremiales, con el propósito de impedir conflictos sindicales que pudieran afectar la producción.
Sin embargo, en marzo de 2022, los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci habilitaron un recurso para que Müller pudiera recurrir ante la Corte Suprema, al considerar que correspondía examinar un planteo relacionado con el principio de inocencia. Carlos Mahiques se opuso a esa decisión.
El expediente permaneció más de cuatro años en el máximo tribunal. Durante ese período fallecieron los otros dos condenados. Sibilla murió en mayo de 2023, a los 97 años. Había estado al frente de la seguridad de Ford durante dos décadas y posteriormente se desempeñó, hasta 2004, en la oficina de seguridad de la Embajada de Estados Unidos. Riveros, que acumulaba otras condenas por crímenes de lesa humanidad, falleció en 2024.
La decisión de la Corte Suprema y el voto en disidencia
La resolución definitiva requirió una integración especial de la Corte Suprema debido a las diferencias entre sus integrantes. La mayoría quedó conformada por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci. Ricardo Lorenzetti optó por no pronunciarse, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
Los jueces que conformaron la mayoría consideraron que, para determinar la responsabilidad penal de civiles en delitos de lesa humanidad, resulta necesario analizar las pruebas teniendo en cuenta el contexto histórico en el que ocurrieron los hechos. En particular, destacaron que la represión desplegada por la última dictadura estuvo dirigida también contra trabajadores, delegados y organizaciones sindicales.
La resolución recordó que, después del 24 de marzo de 1976, se suspendió el derecho de huelga, se intervino la Confederación General del Trabajo (CGT) y se prohibieron las actividades gremiales. También se citaron antecedentes judiciales sobre la existencia de un plan represivo destinado a eliminar a los sectores considerados subversivos dentro del ámbito industrial.
Como parte de ese análisis, los magistrados recurrieron al informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que identificó que más del 30 por ciento de los detenidos-desaparecidos eran obreros y documentó numerosos secuestros ocurridos en lugares de trabajo.
Rosenkrantz, por el contrario, consideró que no existían pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal individual de Müller. Según su postura, el hecho de que hubiera ocupado un cargo jerárquico dentro de Ford no alcanzaba para demostrar que hubiera participado personalmente en los secuestros o facilitado las operaciones represivas. El magistrado sostuvo que no se habían presentado elementos que acreditaran que Müller tuviera bajo su responsabilidad la información privada de los trabajadores, el control de los accesos a la fábrica o la disponibilidad de espacios utilizados por los militares. Tampoco consideró acreditado que hubiera estado presente durante las detenciones o torturas, ni que hubiera tenido conocimiento de ellas.
En su voto, Rosenkrantz expresó: “No somos historiadores, ni sociólogos, ni politólogos, quienes para explicar un hecho pueden basarse, entre otras cosas, en consideraciones contextuales”.
La mayoría, en cambio, ratificó la condena y reafirmó que los civiles pueden ser responsabilizados penalmente por su participación en crímenes de lesa humanidad.
Ordenaron su detención y su defensa pidió prisión domiciliaria
Una vez conocida la resolución de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín dispuso la detención de Müller para que comenzara a cumplir la pena impuesta en 2018. La defensa del exdirectivo, integrada por Nicolás Corletto y Mariano Grondona, con el patrocinio de Alberto Garay, presentó un pedido para que se le concediera la prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.
Durante el proceso, sus abogados habían sostenido que Müller fue condenado por su posición dentro de Ford, sin que existieran pruebas suficientes para atribuirle individualmente las conductas delictivas adjudicadas a la empresa. Tras quedar firme la sentencia, el planteo se concentró en las condiciones en las que deberá cumplir la pena. Mientras el tribunal resuelve esa solicitud, el exgerente permanecerá detenido de manera provisoria en su domicilio de Córdoba.
La confirmación de la condena fue recibida por los representantes de las víctimas como un avance en el reconocimiento judicial de la responsabilidad empresarial durante la última dictadura, aunque también reavivó los cuestionamientos por el tiempo transcurrido hasta alcanzar una sentencia definitiva. La abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta lamentó que varios de los trabajadores que impulsaron la causa fallecieran antes de conocer la decisión de la Corte.
En declaraciones a Página 12, recordó especialmente a Pedro Troiani, uno de los impulsores del proceso judicial, y cuestionó las demoras que atravesaron las víctimas y sus familiares. “Como los tiempos del Poder Judicial son muy extensos, es muy triste que muchos de los compañeros que batallaron por este juicio, y pongo en cabeza de Pedro Troiani, no hayan llegado con vida a ver la sentencia firme y que se ordenara la detención de Pedro Müller”, expresó.
La abogada también destacó la importancia de los criterios establecidos por la mayoría de la Corte para otros procesos judiciales vinculados con la participación de empresarios y directivos en delitos de lesa humanidad. Actualmente se desarrollan juicios relacionados con la actuación de Emilio Parodi, exgerente de Molinos Río de la Plata, y Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de Mercedes-Benz. También permanecen pendientes otros expedientes vinculados con La Fronterita y Ledesma.
En paralelo, avanzan actuaciones judiciales relacionadas con la apropiación de bienes de personas desaparecidas que estuvieron cautivas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
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