En muchas casas todavía están. A veces colgados en la pared, como adorno. O guardados en una alacena, reservados para ocasiones especiales. Los platos de Lozadur —con sus diseños azules, cargados de detalles— fueron durante décadas parte del paisaje cotidiano de la mesa argentina. Para varias generaciones, eran simplemente “los platos de la abuela”. Pero detrás de esa imagen doméstica, entrañable, hay otra historia, mucho menos conocida. Una historia que tuvo lugar en Villa Adelina, en una fábrica que llegó a emplear a más de mil trabajadores, en su mayoría mujeres, y que fue escenario de conflictos laborales, organización gremial y, finalmente, una represión brutal durante la última dictadura militar.
Fundada en 1939, Porcelanas Lozadur se convirtió en una de las principales industrias ceramistas del país. Sus productos no solo abastecían al mercado local, sino que también se exportaban. La fábrica formaba parte del entramado industrial de la zona norte del conurbano. Era, además, una planta intensiva: muchas tareas eran manuales, con pago a destajo, en condiciones que los propios trabajadores denunciaban como insalubres, con calor extremo, polvo en suspensión y salarios bajos.
Ese contexto fue el caldo de cultivo para un proceso de organización obrera que comenzó a intensificarse a principios de los años 70. En 1973, los trabajadores lograron recuperar la conducción del sindicato local y conformar una comisión interna combativa. Hubo tomas de fábrica, asambleas, reclamos por mejoras salariales y por condiciones dignas de trabajo. Lozadur se convirtió en uno de los focos más activos del gremio ceramista, en un momento en el que distintas fábricas de la región —textiles, navales, metalúrgicas— también protagonizaban procesos similares.
Las mujeres tuvieron un rol central en esa experiencia. No solo eran mayoría en la planta —se estima que representaban alrededor del 60% del personal— sino que además participaron activamente en las asambleas, en las medidas de fuerza y en la organización interna. Fueron delegadas, impulsaron reclamos y, en muchos casos, estuvieron en la primera línea cuando la represión comenzó a hacerse sentir.
El golpe de Estado de 1976 marcó un punto de quiebre. Si bien el proceso de conflictividad ya había tenido episodios de violencia antes del golpe: en febrero de 1976 fue asesinado Juan Pablo Lobos, delegado de la fábrica, tras el golpe de Estado, la fábrica fue intervenida por fuerzas militares, se desplazó a los representantes gremiales y se instaló un control directo sobre la actividad. Sin embargo, incluso en ese contexto, los trabajadores continuaron reclamando. En 1977, frente a nuevas medidas de fuerza, la empresa avanzó con un lockout patronal: el 18 de octubre la planta amaneció cerrada, con presencia militar en la puerta y telegramas de despido en camino, en una decisión empresarial que contó con el aval del aparato represivo.
Lo que siguió fue el capítulo mas oscuros de la historia de Lozadur. Entre fines de octubre y los primeros días de noviembre de 1977, se desató lo que distintas investigaciones reconstruyen como una verdadera razzia contra los trabajadores ceramistas de la zona norte, en un período que luego sería recordado como la “primavera trágica” del gremio. En ese lapso, al menos once obreros fueron secuestrados en operativos coordinados, en muchos casos vinculados a estructuras represivas con base en Campo de Mayo. En paralelo, en otras fábricas del sector como la de la firma Cattaneo, se registraron detenciones dentro de los propios establecimientos.
La noche del 2 de noviembre de 1977, en Del Viso (Pilar), ocurrió uno de esos episodios que hoy forman parte de la memoria local. Cerca de la medianoche, un grupo de hombres armados irrumpió en la casa de la familia Abadía Crespo. Dijeron ser policías, mostraron credenciales falsas y encañonaron al padre. Mientras un soldado mantenía a los padres boca abajo, revisaron las habitaciones y obligaron a Dominga, de 27 años, y a Felicidad, de 25, a vestirse y acompañarlos. Ambas trabajaban en Lozadur. Ambas habían participado de la organización obrera en la fábrica. Ninguna volvió a aparecer.
Esa misma noche también fueron secuestrados otros trabajadores de la planta: Sofía Cardozo, Elba Puente, Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino y Ramón Pablo Villanueva. En total, al menos siete operarios de Lozadur fueron desaparecidos en ese operativo. Otras fuentes amplían esa cifra y hablan de entre 15 y 20 trabajadores de la empresa desaparecidos en ese período.
No se trataba de combatientes armados ni de integrantes de organizaciones guerrilleras. Eran, obreros y obreras que reclamaban mejoras salariales, condiciones de trabajo dignas y participación sindical. En ese sentido, el informe de la CONADEP señalaron que el 30% de las personas desaparecidas por la última dictadura eran obreros. La represión tuvo como objetivo desarticular esa organización. El terror funcionó como mecanismo de disciplinamiento.
Décadas después, la Justicia comenzó a avanzar sobre un aspecto clave de esa historia: la responsabilidad empresarial. En 2024, la justicia federal procesó a dos ex directivos de Lozadur y de la firma Cattaneo como partícipes necesarios en los secuestros de trabajadores. Los empresarios están acusados de haber señalado a empleados considerados “conflictivos”, aportando información que permitió su localización y captura en el marco de los operativos represivos.
Hoy, el predio donde funcionó la fábrica ya no tiene rastros de aquella estructura industrial. En su lugar se levanta el Campo Municipal de Deportes Nº5 de San Isidro, con canchas, gimnasio y pileta. También está la chacra educativa que recibe a escuelas y vecinos. En la entrada, algunas baldosas recuerdan lo que ocurrió allí: nombres, fechas, historias interrumpidas.
