El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro dictó una medida cautelar que ordena al Municipio de Tigre suspender las habilitaciones de nuevas construcciones en altura, en el marco de una causa iniciada por la ONG Compromiso con Tigre y el concejal electo Sebastián Rovira, de Fuerza Patria. La resolución judicial alcanza a proyectos multifamiliares o comerciales de más de dos pisos y se mantendrá vigente hasta que el Concejo Deliberante trate una nueva normativa sobre alturas y planificación urbana.
La decisión judicial se este jueves y se suma a un contexto de discusión creciente sobre el modelo de crecimiento urbano en Tigre, donde organizaciones vecinales y dirigentes políticos reclaman una revisión del código urbanístico y de los mecanismos de control sobre los nuevos desarrollos inmobiliarios.
Una de las voces públicas mas relevantes de este debate, es el concejal electo Sebastián Rovira, quien hizo de esat discusión el eje de su campaña con que se impuso en las elecciones locales del 7 de septiembre. Desde Fuerza Patria celebraron la medida y dijeron que se trata de “una decisión histórica que marca un límite institucional al modelo de ciudad promovido por la actual gestión”.
El mismo Rovira al conocer la decisión judicial afirmó que “En Tigre no estamos en contra del crecimiento: al contrario, queremos que la ciudad se desarrolle, genere empleo y mejore la calidad de vida. Pero si ese crecimiento hace que no podamos salir de nuestras casas por el tránsito, que nuestras cloacas colapsen, que los servicios no den abasto y que nuestros pibes no puedan alquilar ni empezar su vida en Tigre, entonces no es desarrollo: es negocio para unos pocos" y agregó que “necesitamos un crecimiento que sea para todos, no solo para los bolsillos de algunos funcionarios y desarrolladores inmobiliarios. Este fallo es un primer paso enorme. Ahora vamos por un nuevo Código Urbano que le dé orden, reglas claras y planificación de verdad a nuestra ciudad.”
La medida cautelar
La resolución fue dictada por el juez Marcelo Mauro Gradín, titular suplente del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con fecha 13 de noviembre de 2025. El magistrado intervino en la causa iniciada formalmente por la ONG Compromiso con Tigre.
En la presentación judicial, la asociación solicitó la nulidad del Decreto Municipal 935/2025, firmado por el intendente de Tigre el 25 de junio de 2025donde se suspendía temporalmente los permisos de construcción únicamente para edificaciones de más de ocho pisos o 27 metros de altura. Este decreto fue convalidado y prorrogado ayer por el Concejo Deliberante. La ONG argumentó que la norma fue dictada sin audiencia pública ni participación ciudadana, y que no se habían realizado estudios de impacto ambiental, de movilidad ni de infraestructura urbana. Según la demanda, esto vulneraba el derecho constitucional a un ambiente sano y los principios de participación previstos en la Ley General del Ambiente (25.675), la Ley Provincial 11.723 entre otras normas.
El juez Gradín consideró que, de acuerdo con la documentación incorporada y los informes remitidos por la Municipalidad, existían indicios suficientes de riesgo ambiental y urbano vinculados al desarrollo de nuevos proyectos edilicios en un marco normativo “desactualizado”. En su resolución, señaló que el propio Ejecutivo municipal había reconocido la necesidad de revisar los parámetros de zonificación y de “evitar impactos irreversibles en la estructura urbana y territorial” mientras se tramitaba una nueva normativa de alturas para todo el distrito de Tigre
En aplicación de los principios de prevención y precaución ambiental, el magistrado evaluó que continuar otorgando permisos —aun para construcciones de menos de 27 metros— podía generar daños de difícil o imposible reparación, y que la demora en la actualización normativa tornaba necesaria una intervención judicial provisoria.
Por esto, la sentencia ordenó cautelarmente suspender el otorgamiento de nuevas viabilidades urbanísticas y permisos de obra para “todo proyecto de tipo multifamiliar o comercial mayor a dos pisos, equivalentes a nueve metros de altura”, hasta tanto se apruebe una nueva normativa local o por un plazo máximo de seis meses desde la notificación. La medida no alcanza a los emprendimientos que ya cuentan con acto administrativo de aprobación ni a las obras en ejecución.
