Un juzgado federal dispuso que el Gobierno nacional continúe abonando las prestaciones del programa Volver al Trabajo a unas 900 mil personas, luego de la decisión oficial de eliminarlo y reemplazarlo por un sistema de vouchers.
La medida fue resuelta por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a una cautelar presentada contra la interrupción del plan prevista para mayo. Según la resolución, el Ministerio de Capital Humano deberá mantener la vigencia de los pagos en un plazo de tres días desde la notificación y hasta que exista una sentencia definitiva. Cada beneficiario percibe actualmente $78.000 mensuales.
El tribunal consideró que la suspensión del programa, sin una alternativa concreta y equivalente, podría afectar derechos esenciales de sectores vulnerables. En ese sentido, el juez sostuvo que el “corte abrupto” de las prestaciones compromete derechos vinculados a condiciones dignas de trabajo, seguridad social, acceso a un nivel de vida adecuado y salud.
Además, remarcó que se trata de beneficios con un “profundo contenido social”, por lo que su cancelación en el contexto actual podría resultar “arbitraria e irrazonable”.
Respecto de la propuesta oficial de reemplazar la asistencia económica por vouchers destinados a capacitación, el magistrado entendió que no representa una compensación equivalente. En el fallo se señaló que esa alternativa no garantiza cubrir las necesidades básicas que actualmente atienden las asignaciones mensuales percibidas por los beneficiarios.
Para otorgar la cautelar, también se valoró la inmediatez del perjuicio que podría generar la baja del programa durante este mes. El juez concluyó que existía “urgencia y peligro en la demora”, al considerar que una decisión tardía podría volver ilusorio el derecho reclamado por los beneficiarios.
