El Juzgado Contencioso Administrativo N°2 ordenó al Municipio de San Isidro suspender el protocolo utilizado para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por Amnistía Internacional Argentina.
La resolución establece además que el Municipio deberá garantizar el acceso a la práctica de acuerdo con el marco legal vigente. La organización había cuestionado el mecanismo por considerar que incorporaba obstáculos y requisitos que no están previstos en la Ley Nacional 27.610.
Según la información difundida por Amnistía, el protocolo había sido comunicado a los efectores de salud del distrito el 26 de marzo de 2026. Entre otros puntos, denunciaron que establecía consultas psicológicas obligatorias, la intervención de equipos sociales y la necesidad de “ratificar la decisión ya expresada”. El procedimiento también concentraba la atención para las interrupciones del embarazo en el Hospital Materno Infantil, por lo que los centros de atención primaria de la salud (CAPS) no podían realizar las prácticas.
Amnistía cuestionó además "la falta de publicidad" del protocolo y señaló que no contaba con un acto administrativo que lo respaldara. Para la organización, esa situación generaba "un mecanismo opaco en el que las personas que solicitaban una interrupción del embarazo no podían conocer previamente cuáles eran las condiciones que se les exigirían".
Entre los elementos incorporados al expediente aparece el testimonio de una paciente que fue derivada a un consultorio denominado “Maternidades vulnerables”. De acuerdo con ese relato, durante la atención le mostraron un muñeco y le exhibieron una imagen religiosa. La organización consideró que ese tipo de prácticas funcionaba como "un mecanismo de presión sobre personas que ya habían tomado una decisión respecto de la interrupción de su embarazo".
“La Ley 27.610 es clara y ningún municipio puede pretender reescribirla ni imponer obstáculos adicionales para ejercer un derecho reconocido por ley”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, tras conocerse la decisión judicial.
Por su parte, Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, brindó detalles sobre el planteo de la organización durante una entrevista en Perfil, y calificó como "irregular" al mecanismo que funcionaba en el distrito. “La importancia de esta medida cautelar es que logra frenar este, primero decir que es un mecanismo sumamente irregular que existía, un circuito organizado dentro del municipio de San Isidro para obstaculizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, planteó.
“Lo que logra la medida cautelar, que consideramos que es un hito en este recorrido, es primero que ordena al municipio de San Isidro suspender la aplicación del protocolo y, por otro lado, garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo conforme el marco legal vigente”, explicó.
“En la práctica, a las mujeres se les exigía, por ejemplo, pasar previamente por una consulta psicológica y por un servicio de asistencia social, se les exigía ratificar su consentimiento en reiteradas oportunidades, por lo menos había tres consentimientos que debían firmar a lo largo del proceso”, sostuvo la directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
La representante de Amnistía señaló además que la organización recibió testimonios sobre la información brindada durante ese circuito: “Lo que veníamos observando es la continuidad de testimonios en San Isidro de mujeres que se acercaban a acceder a su derecho y se encontraban con un servicio que buscaba disuadirlas y las desinformaba sobre qué implicaba la prestación”.
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