El conflicto laboral que atraviesa la empresa Lustramax, ubicada en la localidad de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, sumó en las últimas semanas nuevos capítulos judiciales y políticos. En ese contexto, la senadora provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, quien además es representante legal de la firma, recibió una serie de denuncias impulsadas por trabajadores y organizaciones que cuestionan su actuación durante el desarrollo de la disputa.
La situación se originó tras una serie de despidos que los trabajadores consideran persecutorios y "vinculados a un intento de debilitar la organización sindical dentro de la planta". Con el avance del conflicto, los operarios presentaron una denuncia penal contra Arietto por presunta desobediencia judicial y persecución sindical.
A esa presentación se sumó una denuncia promovida por la asociación civil Nace un Derecho ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. La entidad cuestionó diversas publicaciones realizadas por la legisladora en redes sociales, donde se refiere a los abogados laboralistas como una “mafia”, expresiones que, según sostienen, resultan incompatibles con el ejercicio profesional.
Uno de los puntos centrales de la controversia está relacionado con el cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales. De acuerdo con los trabajadores, la empresa desconoció las conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, el Tribunal de Trabajo Nº7 de Pilar ordenó la reincorporación inmediata del delegado gremial Leandro Gómez.
Según denuncian los operarios, esa medida no fue acatada. En ese contexto, sostienen que Arietto se presentó en los accesos a la planta para impedir el ingreso del delegado, pese a la existencia de una resolución judicial favorable. La acusación señala además que actuó simultáneamente en su condición de senadora provincial y de abogada de la empresa durante esos episodios.
Los trabajadores también cuestionaron la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional en los portones de la fábrica durante algunos momentos del conflicto. Según indicaron en sus presentaciones, el despliegue tuvo un carácter intimidatorio y no habría contado con una orden específica emitida por la fiscalía interviniente.
En declaraciones publicadas por Mundo Gremial, Leandro Gómez afirmó que la situación continúa sin resolverse pese a los pronunciamientos judiciales a su favor. “Hoy tengo tres fallos favorables y pedidos de astreintes por el incumplimiento de la empresa. No existe ninguna razón legal para impedir mi ingreso”, sostuvo el delegado.
Gómez también señaló que las denuncias penales impulsadas por la empresa contra los trabajadores no avanzaron en la Justicia. Según explicó, los tribunales entendieron que se trataba de un conflicto de naturaleza laboral y descartaron la existencia de delitos penales. “La Justicia dejó claro que no podían revertir por la vía penal lo que ya había sido resuelto en el fuero laboral”, afirmó.
Para el delegado, las sucesivas resoluciones judiciales dejaron en evidencia la estrategia adoptada por la empresa y su defensa legal. “Quedaron en evidencia la empresa y Arietto”, aseguró al referirse a los fallos que ordenaron su reinstalación.
Mientras tanto, los trabajadores continúan desarrollando acciones de visibilización para difundir el conflicto y sumar apoyos. En las últimas semanas participaron de actividades en universidades, acompañaron distintos reclamos sindicales y llevaron sus planteos al Senado y a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
“Seguimos recorriendo distintos espacios para contar lo que está pasando y sumar apoyos. La Mesa de Coordinación de Zona Norte nos acompaña desde el primer día. Somos cuatro compañeros que estamos peleando por nuestros derechos y por recuperar nuestros puestos de trabajo”, cerró Gómez.
