Los mensajes que Rodrigo Andrés Gómez envió por WhatsApp horas antes de suicidarse reflejan el nivel de desesperación que atravesaba. El soldado voluntario del Ejército, de 21 años, cumplía funciones de guardia en la quinta presidencial de Olivos cuando tomó la decisión de quitarse la vida, en la madrugada del 16 de diciembre pasado, después de haber sido víctima de una extorsión.
La investigación judicial determinó que detrás de las amenazas había una organización criminal que operaba desde cárceles de la provincia de Buenos Aires. La causa está a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien procesó con prisión preventiva a siete sospechosos.
De acuerdo con el expediente judicial citado por La Nación, la maniobra comenzó cuando Gómez conoció a una supuesta adolescente en la aplicación de citas Evermatch. En realidad se trataba de un perfil falso creado por los extorsionadores.
Horas después, el joven comenzó a recibir mensajes de quien decía ser la madre de la menor. “Ya estoy llegando a la comisaría, tengo las fotos que le mandaste y las conversaciones”, le escribió. Poco después apareció un supuesto integrante de un “Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas”, que le pidió comunicarse de inmediato.
Convencido de que enfrentaba una denuncia penal, el soldado intentó resolver la situación. “No quiero tener problemas… ¿Qué puedo hacer? Sé que esto es muy grave. Ya sé que estoy en muchos problemas. Quiero solucionarlo todo”, escribió entre las 16.53 y las 17.11 del 15 de diciembre.
A partir de ese momento comenzaron las exigencias de dinero.
Según la investigación, Gómez realizó varias transferencias durante esa tarde y noche para intentar frenar la amenaza. Primero envió 213.000 pesos, luego 400.000, más tarde 291.000 y finalmente 500.000 pesos, lo que suma 1.413.000 pesos.
Para conseguir el dinero pidió préstamos a compañeros y también intentó obtener créditos mediante aplicaciones financieras.
Sin embargo, las exigencias continuaron y su angustia quedó registrada en los mensajes.
“He podido conseguir unos 300 mil más y de ahí ya no puedo pedir más préstamo… No sé si con eso suma con lo que ya le he pasado… ya estoy en la quiebra”, escribió en uno de los audios.
En otro mensaje agregó: “Listo… eso es todo lo que tengo… Ya no tengo más nada… Ni un peso… Estoy en la pobreza máxima ahora… Ya ni tengo para comer”.
A las 23.17 envió otro mensaje que reflejaba su desesperación: “No pude conseguir nada… Ya estoy jodido”. Minutos después escribió: “Mi vida ya no es más normal. Estoy mal, ya no sé qué hacer, estoy cansado y desesperado”.
El último mensaje fue enviado a las 23.59, cuando respondió a su extorsionador: “Bueno, hoy lo tendrás”.
Entre las 4 y las 5 de la madrugada del 16 de diciembre, Gómez se encontraba en el puesto 9 de vigilancia, ubicado en la esquina de avenida Maipú y Malaver, dentro de la quinta presidencial de Olivos. Allí, según la resolución judicial, se arrodilló y se disparó con su fusil reglamentario, muriendo en el acto.
La investigación permitió establecer que quienes lo extorsionaban no eran policías, sino presos alojados en cárceles bonaerenses que organizaban la maniobra desde sus celdas mediante teléfonos celulares.
Entre los acusados se encuentran Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, detenidos en la cárcel de Magdalena, y Kevin Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos. Ellos y otros cuatro integrantes fueron procesados por extorsión y asociación ilícita, mientras que los presuntos líderes también quedaron imputados por instigación al suicidio.
Tras el avance de la causa, Arroyo Salgado envió además un oficio al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para que adopte medidas destinadas a impedir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles provinciales.
En su planteo, la magistrada sostuvo que el uso de dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias se convirtió en una herramienta que permite a los detenidos continuar organizando delitos desde prisión, una situación que —según señaló— quedó en evidencia en este caso y en otras investigaciones judiciales.
