El secretario de Seguridad de Morón, Damián Cardoso, fue interpelado este jueves en el Concejo Deliberante, donde durante varias horas presentó un balance de la gestión municipal en materia de seguridad y respondió preguntas de los distintos bloques políticos.
Fue la segunda interpelación que afrontó el funcionario en lo que va del año. La anterior se realizó el 4 de junio, cuando Cardoso también concurrió en representación del intendente para responder por el caso de la “narcofuncionaria” Luna Suyai Ortigoza. Al igual que en aquella oportunidad, Ghi no asistió al recinto y su ausencia volvió a ser cuestionada por distintos sectores de la oposición.
La exposición de este jueves estuvo centrada en la evolución de los principales indicadores delictivos desde 2024, el despliegue de cámaras, móviles y otros dispositivos de prevención, y las políticas que el Municipio puso en marcha durante los últimos dos años. También ocupó un lugar central el ataque a tiros ocurrido frente al colegio Emaús, en El Palomar, y el funcionamiento que tendrá la futura Policía Municipal.
Desde la oposición, los cuestionamientos apuntaron principalmente a la lectura que hizo el Ejecutivo de las estadísticas, al criterio utilizado para seleccionar y comparar los datos, a la presencia preventiva en distintas zonas del distrito y a la respuesta municipal frente a hechos recientes de inseguridad. También hubo preguntas sobre el operativo existente en las inmediaciones del colegio Emaús y sobre las atribuciones, el equipamiento y el uso de armas de baja letalidad por parte del nuevo cuerpo municipal.
Las estadísticas y la calle
“Los datos duros muestran que Morón no está empeorando en cuanto a la seguridad. No estamos ante un crecimiento del delito”, sostuvo Cardoso al defender el balance de su gestión.
Para sostener esa afirmación, el secretario presentó una serie de estadísticas sobre hechos registrados en el partido de Morón, con comparaciones principalmente entre 2024 y 2026. De acuerdo con lo expuesto durante la interpelación, se trata de información que la Secretaría de Seguridad recibe del Ministerio de Seguridad bonaerense, y no de las estadísticas anuales de la Procuración provincial, que se publican con mayor demora y agrupan los casos por departamento judicial.
Uno de los indicadores en los que puso mayor énfasis fue el robo automotor a mano armada. Según Cardoso, al comparar el período enero-agosto de 2024 con los mismos meses de 2026 se registra una reducción del 35%. El funcionario destacó especialmente ese dato porque sostuvo que se trata de un delito que prácticamente no presenta “cifra negra”, debido a que la sustracción de un vehículo necesariamente deriva en una denuncia.
También informó una caída en el robo de motos a mano armada: señaló que durante 2024 se registraron 1.040 casos, que en 2025 fueron 810 y que, tomando los primeros ocho meses de 2026, hubo 420 hechos, lo que representa —según la comparación presentada por el funcionario— una reducción del 38,5% respecto del mismo período de 2024.
Otro de los datos utilizados para defender la evolución de la seguridad fueron los homicidios en ocasión de robo. Cardoso informó seis casos en 2024, dos durante 2025 y ninguno en lo que va de 2026. Aclaró que durante este año sí hubo otros dos homicidios en el distrito, pero que no estuvieron vinculados a robos.
El propio secretario reconoció, de todos modos, que la baja no alcanza a todos los delitos. Durante las preguntas de los concejales manifestó preocupación por el crecimiento de modalidades como los robos de celulares y cadenas en la vía pública y vinculó parte de esos episodios con el deterioro de la situación social.
La presentación también incluyó indicadores sobre los recursos destinados a prevención. Cardoso aseguró que el Municipio pasó de unas 300 cámaras operativas en 2024 a 653 actualmente, sobre 857 instaladas; de 10 a 50 Paradas Seguras; de 2.586 a 4.167 alarmas vecinales activas; y de cinco a 20 móviles de Seguridad Ciudadana desplegados en la calle.
Desde la oposición, Ezequiel Tozzi, jefe del bloque de La Libertad Avanza, cuestionó con dureza la exposición y afirmó que estaba “un poco sofocado de tanto humo”, en referencia a la cantidad de cifras presentadas. También apuntó contra la ausencia del intendente Lucas Ghi, a quien la oposición había convocado originalmente a la interpelación.
Analía Zappulla, también de La Libertad Avanza, puso el foco específicamente en el origen y la selección de los números. Reclamó que los concejales tengan acceso a la misma información estadística que distribuye la Secretaría y pidió precisiones sobre la procedencia de los datos y el criterio utilizado para recortarlos. Durante su intervención sostuvo que “el recorte estadístico también obviamente tiene una intencionalidad”, al cuestionar que determinados indicadores, como los homicidios en ocasión de robo, no contemplan otros hechos violentos registrados en el distrito.
El Palomar, el caso Emaús y la presencia policial
El ataque ocurrido frente al colegio Emaús, en El Palomar, fue otro de los puntos centrales de la interpelación. Cardoso calificó el episodio como un hecho de gravedad excepcional y explicó que los agresores formaban parte de una banda que venía protagonizando un raid delictivo en la zona. “No es normal delincuentes disparando en las puertas de las escuelas”, señaló.
La discusión se concentró especialmente en qué presencia policial había en el lugar al momento del hecho. Cardoso aseguró que existía un móvil de Seguridad Ciudadana en el perímetro y que también había un patrullero de la comisaría asignado al sector, aunque reconoció que el dispositivo “claramente no alcanzó” frente al accionar de la banda.
Ese punto fue particularmente cuestionado porque, después del ataque, el propio secretario había reconocido públicamente un problema con el recambio de guardia policial que se produce por la mañana. En declaraciones realizadas días antes de la interpelación, admitió que entre las 7 y las 8 existe un recambio de los móviles del Comando de Patrullas y reconoció que se trataba de un problema conocido sobre el que el Municipio venía trabajando.
Durante la sesión, Diego Spina, de Nuevo Encuentro, puso directamente en duda la presencia preventiva informada por el funcionario. “Creemos que no había ningún patrullero ni ningún móvil en el colegio Emaús”, sostuvo. Florencia De Luca, del mismo espacio, preguntó además por qué no se había reforzado previamente la zona, teniendo en cuenta que la banda había cometido otros delitos durante las horas anteriores.
Cardoso respondió que no era posible prever que los delincuentes volverían a actuar en el mismo sector y sostuvo que, después del episodio, se incrementó la presencia policial en El Palomar. Según detalló, se reforzó el entorno del Emaús con móviles, motos y efectivos a pie durante los horarios de ingreso y salida escolar.
El secretario también anunció un esquema de mayor control para El Palomar y los alrededores del Hospital Posadas, con la incorporación de nuevas cámaras, lectores de patentes y puestos de monitoreo vinculados con motos destinadas a la interceptación de vehículos.
La “Policía” Municipal
Gran parte de la interpelación volvió a girar alrededor de uno de los debates recurrentes de la política local en los últimos meses: la denominada Policía Municipal. Una discusión que muchas veces termina desplazándose hacia un terreno conceptual y de marketing político, alrededor de si una fuerza creada por el Municipio puede efectivamente llamarse “policía”.
Más allá de esa discusión y de la denominación elegida por el Ejecutivo, el punto legal es concreto: en los hechos se trata de una fuerza civil. El Decreto 1519 establece que el programa es una organización “civil, administrativa, jerarquizada, profesional y preventiva”, integrada a la administración municipal y que “carece de personalidad jurídica, autarquía y estado policial”.
Sobre ese marco volvió una y otra vez la discusión durante la interpelación. Cardoso fue categórico respecto del armamento: “El Municipio de Morón no otorga ni capacita en la utilización de armas de fuego a la Policía Municipal”. Y agregó: “Estamos formando una policía de prevención, con armas de baja letalidad. Queremos hacer una prueba piloto donde no haya enfrentamientos con armas de fuego”.
El equipamiento inicial, según explicó, será de 60 pistolas y 40 fusiles Byrna. “Las armas Byrna no se las llevan a su casa; van a estar en una sala de armas para el cambio de turno”, precisó. Los agentes estarán destinados principalmente a corredores comerciales y escolares y no podrán realizar allanamientos, investigaciones criminales ni trasladar detenidos.
Uno de los cruces más fuertes apareció por las declaraciones previas de Lucas Ghi sobre los agentes retirados que mantienen estado policial. Analía Zappulla cuestionó esa ambigüedad: “Llegó a decir el intendente que como los agentes son retirados de la fuerza tienen portación de armas de fuego y las van a poder usar. Hay una gran confusión”.
Cardoso buscó diferenciar ambos planos: explicó que algunos retirados conservan individualmente el derecho a portar un arma por su condición previa, pero que esa facultad no proviene del Municipio. “Tienen derecho a contar con su arma. Nosotros no alentamos el uso, pero pueden hacerlo”, señaló. Jurídicamente, ese estado policial personal no convierte al programa municipal en una fuerza policial ni amplía sus atribuciones.
