La investigación judicial por presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos episodios en las últimas horas. Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos en Nordelta donde residen Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y en un barrio privado de Pilar donde vive el exfuncionario Diego Spagnuolo.
Durante estos procedimientos, se solicitó además información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de año, así como datos de una caja de seguridad ubicada en una sucursal del Banco BBVA, en la que se encontraron 80.000 dólares. Según la fiscalía, estos elementos son relevantes para reconstruir el presunto circuito de sobornos que habría involucrado a funcionarios nacionales en coordinación con la empresa proveedora de medicamentos.
En paralelo, la causa tuvo un giro inesperado con la renuncia de los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron del caso por razones personales.
Otro hecho relevante fue la denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de Suizo Argentina, a quien se acusa de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.
El jueves por la noche, declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien aportó detalles sobre conversaciones previas con Spagnuolo en las que se habrían mencionado pagos indebidos y maniobras irregulares. Luego de esta declaración, el Ministerio Público Fiscal profundizó el rastreo patrimonial y localizó la mencionada caja de seguridad.
Los últimos allanamientos alcanzaron también los domicilios de los hermanos Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini. En todos los casos, se buscó acceder a documentación comercial, registros de entradas y salidas, correos electrónicos y expedientes vinculados a la compra de medicamentos.
La causa se inició a partir de la difusión de audios en los que se alude a dirigentes de alto rango del oficialismo. Entre los investigados se encuentran el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los Kovalivker y Spagnuolo, a quienes se imputa la presunta participación en un esquema de sobornos y administración fraudulenta, con posible afectación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Pública.
En las próximas semanas, la fiscalía continuará con el análisis de documentación bancaria y fiscal pendiente de entrega, en el marco de una causa que ya es considerada una de las más sensibles para el actual gobierno en materia de corrupción.
