Operativos en Tortuguitas: la Aduana incautó tecnología valuada en 2.8 millones de dólares por irregularidades

Entre los artículos incautados había Flipper Zero, conocidos por su capacidad para abrir automóviles y vulnerar redes de WiFi. También hubo un allanamiento en Belgrano.

En un operativo de control aduanero, funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección General de Aduanas y la Dirección General Impositiva, realizaron allanamientos en dos domicilios de CABA y tres locales comerciales en Tortuguitas, donde se detectaron irregularidades en materia de comercio internacional.

El centro neurálgico del procedimiento fue un departamento en Libertador y Olazábal, en el barrio de Belgrano, donde la Aduana incautó casi 2.500 dispositivos electrónicos sin documentación de ingreso legal al país. Entre ellos, se encontraron numerosos Flipper Zero, dispositivos conocidos por su capacidad para interactuar con sistemas de control de acceso, abrir portones y automóviles, y vulnerar redes de WiFi y Bluetooth.

El valor total de los productos secuestrados en este domicilio asciende a 2,2 millones de dólares, y los responsables podrían enfrentar penas de hasta 3 años de prisión y multas mínimas de 8 millones de dólares por encubrimiento de contrabando.

En paralelo, la Aduana llevó a cabo inspecciones en un reconocido centro comercial de Tortuguitas, donde se constató la tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero en tres locales dedicados a la venta de telefonía celular y accesorios. Dos de los comercios fueron clausurados preventivamente, y se secuestraron 818 productos electrónicos, entre ellos 88 smartwatches y más de 190 teléfonos celulares de Apple y Samsung. La mercadería en infracción está valuada en 500 mil dólares, y las sanciones podrían alcanzar multas de hasta 2,5 millones de dólares, según los artículos 986 y 987 del Código Aduanero.

Con los procedimientos en CABA y Tortuguitas, el valor total de los productos incautados alcanza los 2,8 millones de dólares. Las autoridades continúan investigando para determinar responsabilidades penales y la posible existencia de una red organizada de contrabando tecnológico.