El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°5 de San Martín condenó prisión perpetua a Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz por la muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Ana María Martínez, secuestrada y asesinada en febrero de 1982, en lo que fue el último caso de desaparición de la dictadura militar.
Los jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral consideraron en su sentencia que "los dos militares cometieron privación ilegítima de la libertad y homicidio en perjuicio de la víctima", un caso juzgado como de lesa humanidad. Apa se desempeñó como jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, mientras que Muñoz estuvo a cargo del Grupo 1 del Estado Mayor, ambas unidades que tuvieron asiento en Campo de Mayo.
El primer punto del veredicto reconoció que el secuestro, desaparición y asesinato de Martínez constituyeron crímenes de lesa humanidad, una demanda que la Comisión de familiares, compañeros y amigos de Ana María Martínez exigió a la justicia durante casi tres décadas y que finalmente fue confirmada por el TOF.
“Quiero agradecer a los abogados de la querella y a los de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, a los que acompañaron y sostuvieron este juicio, y especialmente a la Comisión Provincial por la Memoria que nos aportó un documento fundamental para la identificación de los imputados en las acciones de inteligencia que posibilitaron y derivaron en el crimen de Ana María”, expresó Carmen Metrovich, cuñada de Ana María y referente de las luchas por los derechos humanos de la zona norte.
En un comunicado emitido por la Comisión Provincial por la Memoria, desde el órgano sostuvieron que "el veredicto resulta un gran avance en la búsqueda de justicia no sólo porque reconoce la responsabilidad de los imputados y el carácter de lesa humanidad de los delitos ventilados sino además porque avanza en el juzgamiento de los altos mandos de los aparatos de inteligencia que coordinaron y decidieron los listados de personas a ser perseguidas y que luego resultarían víctimas de secuestros, torturas, homicidios o desapariciones".
La historia de la desaparición de Ana María Martínez
Ana María Martínez, militante política y delegada sindical, fue secuestrada el 4 de febrero de 1982, en un operativo conjunto del Ejército y la Policía bonaerense. Fue la última desparecida por la dictadura y trabajaba en la fábrica de autopartes DEA ubicada en el partido de Vicente López. Tenía 31 años, estaba embarazada de tres meses y alternaba su militancia en el PST con su trabajo en comedores barriales de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Su secuestro tuvo lugar en la localidad de Villa de Mayo, en horas de la noche, cuando salió de su casa para hacer una compra y fue abordada por un hombre corpulento y rubio que la subió a un Ford Falcón, según relataron en su momento vecinos que presenciaron el hecho.
Siete días después, el 11 de febrero, el cuerpo de Martínez fue encontrado semienterrado, por unos chicos que jugaban cerca del canal Villanueva, en el Dique Luján, en el partido de Escobar.