Un nuevo capítulo de la polémica entre los carpinchos y el barrio privado Nordelta tiene lugar por esta horas luego de una histórica intervención judicial. La Justicia resolvió suspender de manera inmediata todas las obras que afecten la zona de humedales y el hábitat de esta especie, tras una medida cautelar presentada por la Asociación Civil “Callejero Casa Quiere”. Además, prohibió la aplicación de castración química mediante inyecciones anticonceptivas, una práctica que se había propuesto como método de control poblacional.
El fallo fue dictado por el juez Guillermo Ottaviano, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°13 de San Isidro, quien dispuso una serie de medidas preventivas para resguardar el ecosistema y la fauna del área.
De acuerdo con la resolución judicial a la que accedió QUE PASA, se ordenó que Nordelta S.A. cumpla con “la suspensión inmediata de toda obra o actividad que altere, dañe o destruya humedales y fauna silvestre en la zona hasta tanto se dicte sentencia definitiva o, en su caso, hasta que se acredite la realización y aprobación por la autoridad pertinente de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo que contemple de manera integral los efectos pasados, presentes y futuros de las urbanizaciones, las fumigaciones que afectan al ambiente y demás intervenciones sobre los humedales y la fauna local”.
Además del freno a las obras, el juez prohibió expresamente “las fumigaciones que atenten contra el ambiente en la zona de humedales del delta del Río Paraná”, según consta en el texto judicial fechado el 29 de septiembre.
En la resolución, Ottaviano destacó que entre las acciones atribuidas a la empresa se encuentran “la fragmentación del ecosistema mediante cercos perimetrales, tablestacados en lagunas y construcciones, colocación de cercos eléctricos, ocupación del camino de sirga y fumigaciones ilegítimas”. Y agregó: “Todo ello genera una alteración irreversible del humedal, impide el libre tránsito y acceso al agua de la fauna, y causa la muerte de ejemplares de carpinchos”.
La acción de amparo fue presentada con el objetivo de “disponer el cese inmediato de las conductas dañosas que la demandada estaría desplegando sobre un área de 1750 hectáreas de humedales”.
Según la organización ambientalista “La voz de los carpinchos”, en los últimos meses murieron al menos 46 animales como consecuencia de desmontes y atropellos en las inmediaciones del barrio. El carpincho es una especie protegida tanto por el Decreto Ley 10081/83 de la Provincia de Buenos Aires como por la Ley Nacional de Flora y Fauna, lo que otorga respaldo legal a la medida adoptada.
Silvia Soto, integrante de “La voz de los carpinchos”, expresó en diálogo con QUE PASA que “ahora vamos a seguir la situación de cerca y de manera comprometida” ante posibles incumplimientos por parte de la Asociación Vecinal.
“En el marco de la lucha, esta acción de amparo que acaba de ser admitida es trascendental e histórica. Este modelo destructivo que viene desde el siglo pasado, lejos de detenerse y de revisarse como para actualizarlo a las leyes ambientales vigentes de protección animal, continuó devastando la cobertura vegetal, modificando los cursos de agua naturales y rellenándolos”, manifestó Soto.
En esa línea, explicó que “los humedales, con sus suelos permeables y actuando como esponjas, también facilitan la reposición de nuestros acuíferos: acá hay un reservorio de agua dulce. Los impactos ambientales son grandísimos”.
“Los carpinchos son una parte que simboliza esta lucha por el cuidado del ecosistema. Que se haya logrado esta cautelar ambiental y animal es histórico, pero recién comienza. Es algo que veníamos pidiendo administrativamente por todos lados”, expresó.
