Los gremios Apinta y ATE presentaron una acción de amparo ante la Justicia Federal de San Martín para intentar frenar el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ubicada en Ituzaingó. La medida, que se hizo efectiva hace un año, generó un fuerte rechazo de trabajadores, organizaciones rurales y sectores vinculados a la agricultura familiar.
La presentación judicial sostiene que la decisión carece de “fundamento técnico y jurídico” y advierte sobre el impacto directo en uno de los principales cinturones productivos del país. La EEA AMBA tenía influencia en 39 municipios bonaerenses y en la Ciudad de Buenos Aires, brindando asistencia técnica, capacitación e investigación durante más de 15 años.
Según los gremios, el cierre implicó la interrupción “abrupta” de ese servicio, afectando a miles de productores del conurbano. En ese sentido, remarcaron el rol estratégico del organismo en el abastecimiento diario de frutas y verduras para una población estimada en 16 millones de personas.
El planteo judicial también cuestiona la legalidad de la resolución que dispuso el cierre. La califica como “arbitraria e inmotivada”, y sostiene que se apoya en normas inexistentes o ya derogadas, en contradicción con las políticas que el propio INTA venía desarrollando en apoyo a la agricultura familiar en la región.
Uno de los ejes más sensibles del amparo apunta a un posible trasfondo inmobiliario. Los demandantes advierten que el cierre podría estar vinculado a la venta de las tierras donde funciona la estación, actualmente bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “Se trata de una desviación de poder”, señalan, al sugerir que el objetivo sería habilitar desarrollos privados en una zona de alto valor.
En esa línea, afirman que el cierre “solo busca vender sus tierras, para que sean adquiridas a precio de remate por desarrolladores inmobiliarios”, y advierten sobre antecedentes judiciales en operaciones similares.
El conflicto tiene un fuerte anclaje territorial en Ituzaingó, donde el cierre de la estación experimental generó rechazo institucional. El Concejo Deliberante local declaró el predio como área de “preservación ambiental, productiva y patrimonial”, destacando su valor para la investigación y la producción agroecológica.
Desde el ámbito municipal subrayaron que no se trata de tierras ociosas, sino de un “activo estratégico” para el equilibrio territorial y el abastecimiento alimentario del conurbano bonaerense.
Los gremios también enmarcan el reclamo en una discusión más amplia sobre derechos. Señalan que la medida implica una regresión en el acceso a la ciencia y la tecnología aplicada a la producción de alimentos, en contradicción con leyes nacionales y tratados internacionales.
En particular, enfatizan el rol de la agricultura familiar, que —según datos citados en la presentación— produce el 70% de los alimentos que se consumen en el país y genera el 54% del empleo rural. En ese contexto, destacan la importancia del cinturón hortícola del AMBA en la vida cotidiana: “Todos los días comemos papa, tomate o zapallo; no comemos soja”, remarcaron.
