Llegaron las fiestas y el debate por el uso de fuegos artificiales toma el centro de la escena. Desde hace ya un tiempo, tanto grupos de padres con hijos autistas (que tienen una especial sensibilidad a los sonidos) como organizaciones protectoras de animales, buscan concietizar sobre cómo afecta el ruido a estos grupos y promueven la prohibición de la pirotecnia.
Ya el año pasado, varios municipios dictaron ordenanzas que prohibían la venta de pirotecnia en distintas ciudades del país. Pero la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires anuló ordenanzas en General Alvarado (Miramar), y en otros municipios como en el Partido de la Costa, la justicia suspendió su aplicación. A pesar de ello, en distintos municipios del país existen ordenanzas que buscan alguna regulación que limite la venta.
La controversia jurídica se asienta en que la venta de pirotecnia es regulada por la ley Nacional N° 20.429 de Armas y Explosivos, y una ordenanza no puede contradecir a una norma superior como una ley nacional. Para la prohibición de la venta, entonces debería aprobarse una ley en el Congreso Nacional que modifique la actual.
Por esto, en consonancia con una demanda que crece entre los vecinos, desde distintos municipios de la región se han visto campañas desalentando el uso de pirotecnia.
Ya desde hace algunos años atrás, Vicente López reemplazó los fuegos artificiales por láser en su tradicional festejo de fin de año en río. San Isidro lanzó una campaña días ante de Navidad y sufrió un incendio el 25 en el centro de reciclado del bajo de San Isidro que habría sido ocasionado por alguna caña voladora o globo.
San Fernando también se sumó al no uso de pirotecnia y Tigre prohibió su utilización en actos oficiales.
Mientras desde la Asociación de Padres de Niños Autistas (Apadea), junto a otras ONGs reclaman una ley nacional que impida el uso de aquellos artículos que producen ruidos de más de 84 decibeles, desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), lanzaron la campaña "Elegí pirotecnia con más luces y menos ruidos". A la vez, ponen en discusión los 60.000 puestos de trabajo que nuclea el sector y sostienen que la prohibición sólo fomenta la venta clandestina y la mercadería sin control y medidas de seguridad básicas.
