La Comunidad Indígena Punta Querandí presentó ante el Municipio de Tigre un pedido de reparación por los daños ocasionados al patrimonio indígena y a los humedales durante el desarrollo de Nordelta. El planteo se apoya en las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAA) presentado por la empresa, que evalúa los efectos de casi tres décadas de urbanización.
Entre las principales demandas figuran el reentierro de 42 ancestros en el territorio de Arroyo Sarandí, la creación de un Espacio de Memoria Ancestral y la constitución de fondos financiados por Nordelta para las comunidades y la población indígena del distrito. La comunidad también rechazó que se complete y densifique el emprendimiento.
Según lo que expresaron desde Punta Querandí, el EIAA señala que los sitios Arroyo Sarandí 1 y 2 conservaban su integridad antes del comienzo de las obras, en 1998. Se trata de yacimientos y enterratorios indígenas datados entre los años 800 y 1400 d.C. El estudio indica que posteriormente fueron “destruidos o sepultados como consecuencia de las obras de construcción de Nordelta”. La pérdida o afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico aparece calificada como un impacto “negativo muy alto”.
La destrucción de sitios ancestrales por el avance de urbanizaciones sobre los humedales de Tigre y Escobar dio origen a la lucha de Punta Querandí. Durante dos décadas, la comunidad reclamó la restitución de restos humanos excavados y concretó los primeros reentierros de este tipo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reclamo por los 42 ancestros de Arroyo Sarandí
Uno de los pedidos centrales es que se reserve y proteja jurídicamente un sector del área donde se encontraba Arroyo Sarandí, hoy dentro de Nordelta, para reenterrar allí los restos de 42 ancestros que permanecen en el Museo de La Plata. Punta Querandí solicita que el lugar sea reconocido como Sitio Sagrado.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas aprobó en enero de 2022 la restitución de esos restos a la comunidad. La decisión siguió a los procesos mediante los cuales Punta Querandí recuperó y reenterró a otros ocho ancestros en Punta Querandí y La Bellaca. En 2020, el Concejo Deliberante de Tigre había declarado de interés legislativo los procesos de restitución y reentierro impulsados por la comunidad, incluido el de Arroyo Sarandí.
Junto al sitio de reentierro, la presentación propone crear un Espacio de Memoria Ancestral financiado por Nordelta y administrado por Punta Querandí. Su finalidad sería preservar y transmitir la historia de Arroyo Sarandí, la memoria de los pueblos originarios del territorio y las prácticas culturales indígenas actuales.
Fondos para las comunidades indígenas de Tigre
La comunidad sostiene que la reparación también debe alcanzar a los pueblos indígenas que viven y se organizan hoy en el distrito. Por eso, pidió un Fondo de Reparación Histórica Territorial financiado por Nordelta y administrado por el Estado, con participación de las comunidades y organizaciones indígenas en la definición de su funcionamiento.
De acuerdo con la propuesta, los recursos podrían destinarse a la adquisición de tierras para proyectos de hábitat y propiedad comunitaria, además de viviendas y servicios básicos para comunidades, familias y población indígena de Tigre.
La presentación incluye un segundo Fondo de Reparación Cultural y Fortalecimiento Comunitario. Estaría orientado a la revitalización de lenguas, la transmisión de conocimientos entre generaciones, la memoria y la historia indígena local, y las actividades culturales y ceremoniales. Punta Querandí plantea que estas medidas deben responder a los daños ocasionados y no quedar sujetas a iniciativas voluntarias de responsabilidad social empresaria.
El impacto sobre los humedales
El reclamo también aborda las consecuencias ambientales de la urbanización. Según la información presentada por la comunidad, el EIAA califica como impactos negativos “muy altos” la transformación del relieve, la pérdida o el sepultamiento de suelos hidromórficos y la alteración del funcionamiento hidrológico. Además, señala que los cambios estructurales negativos muy altos abarcaron más del 80% de la superficie de Nordelta analizada.
Ante ese diagnóstico, Punta Querandí solicitó un Plan de Restauración del Humedal financiado por Nordelta y un protocolo de protección arqueológica con participación indígena para futuras obras y movimientos de suelo. El estudio también advierte que otros contextos arqueológicos podrían haber desaparecido por la transformación de la Planicie Litoral mediante urbanizaciones cerradas sin estudios preventivos.
La presentación de Punta Querandí contó con el patrocinio de la abogada Paula Mercedes Alvarado Mamani, perteneciente al Pueblo Kolla y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y aclaró que su pedido de reparación por los daños ya producidos es independiente de la decisión que adopten las autoridades sobre el estudio ambiental y las futuras obras. Al mismo tiempo, rechazó que las eventuales medidas de mitigación se utilicen para justificar la continuidad del modelo urbanístico de Nordelta.
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