El gobierno nacional modificó este viernes, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, la ley de inteligencia, mediante la cual se reestructuró la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y ahora tendrá la capacidad de aprehender personas. La medida había sido anticipada por el Poder Ejecutivo y la oposición alertó sobre la situación.
Uno de los dirigentes que cuestionó las reformas fue Sebastián Galmarini, diputado nacional y referente del Frente Renovador. A través de su cuenta de X (ex Twitter), manifestó que "en un país que sufrió tantas interrupciones democráticas, creo que estas reformas deberían pasar por el Congreso Nacional, y debatirse en profundidad y con la mayor honestidad intelectual".
"Delimitar las misiones y funciones de Inteligencia en un mundo con cambios tan vertiginosos requiere de una mirada integral de los muchos desafíos que enfrentamos", afirmó Galmarini.
En el decreto, el Gobierno detalló que los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personales, operaciones e información y los habilitó a “repeler o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo”.
“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las Fuerzas Policiales y de Seguridad competentes”, explicó en el artículo cuestionado por la oposición.
Por otra parte, también redefinió las actividades incluidas dentro contrainteligencia. A partir de la medida incluyen “evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales o de la población en general”.
Sobre el DNU, los dirigentes de la oposición anticiparon que el próximo capítulo de la disputa será legislativo y que buscarán impugnarlo para evitar su vigencia, aunque será una tarea complicada ya que debería conseguir la negativa en ambas Cámaras. En caso de fallar en alguna de ellas -ya sea por rechazo o falta de tratamiento- el documento conservará su validez.



