Una banda criminal dedicada a simular siniestros viales para obtener pagos indebidos de compañías de seguros fue desarticulada tras una serie de 23 allanamientos realizados en el conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa, que investiga al menos once hechos vinculados a estafas reiteradas y uso de documentación falsa, está a cargo de la UFI N.º 5 y el Juzgado de Garantías N.º 6 de Morón.
Los procedimientos incluyeron operativos en distintos municipios. En Ituzaingó, la policía allanó una escribanía ubicada en el centro de la localidad, donde se habrían falsificado poderes utilizados luego para realizar reclamos truchos a aseguradoras. En Villa Adelina, se requisó un domicilio vinculado a una de las personas que captaban clientes por redes sociales bajo la promesa de conseguir dinero rápido a cambio de simular un accidente. En El Palomar, el procedimiento apuntó a secuestrar documentación que acreditaría el uso de sellos y firmas apócrifas de escribanos.
También se llevaron a cabo allanamientos en Caseros, donde los investigadores buscaron elementos informáticos relacionados con la confección de documentación falsa. En Lomas del Mirador, La Tablada y San Justo, en el partido de La Matanza, los operativos estuvieron orientados a detener a personas señaladas como partícipes de las maniobras. En Guernica y Glew también se realizaron procedimientos por domicilios vinculados a quienes radicaban denuncias falsas o figuraban como supuestas víctimas de accidentes.
Durante los operativos —que contaron con la participación de la Policía bonaerense, Policía de la Ciudad, Gendarmería Nacional, peritos en delitos informáticos y veedores del Colegio de Abogados— se secuestraron diez teléfonos celulares, tres CPU, dos notebooks, una tablet, un pendrive y documentación relevante para la causa.
La organización contaba con una estructura definida. Participaban al menos cuatro abogados, una médica clínica que firmaba certificados apócrifos y personas encargadas de presentar denuncias ante la justicia. El grupo también se promocionaba activamente en redes sociales mediante perfiles que ofrecían asesoramiento para cobrar indemnizaciones en casos de accidentes.
La denuncia que dio origen a la causa fue realizada por la aseguradora La Patronal Seguros, que detectó maniobras fraudulentas a través de reclamos que incluían facturación apócrifa, estudios médicos falsos y siniestros inexistentes. La investigación quedó en manos de los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo, quienes solicitaron las detenciones a la jueza Karina De Luca, del Juzgado de Garantías N.º 6 de Morón.
Uno de los principales acusados es el abogado Matías Rodrigo Giovanelli, señalado por los investigadores como el cabecilla de la organización. El profesional, que tiene fuerte presencia en redes sociales, se encuentra prófugo con pedido de captura nacional e internacional. También están siendo buscados Reinaldo Antonio Falcone y Micaela Carla Palmisano, quienes formarían parte de la estructura criminal.
Fuente: Primer Plano / Noticias Argentinas
