lunes, noviembre 16, 2026
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SOLICITADA | Caso Rudnev: por qué el ACJCR presentó una denuncia contra el fiscal Arrigo

Un maestro espiritual ruso, una joven madre que rechaza la etiqueta de víctima, un fiscal insólito y un imputado gravemente enfermo nos llevaron a actuar.

Por Stephen Eric Bronner

Un tribunal de la Patagonia puede parecer lejano de las crisis que nuestra organización suele enfrentar. Sin embargo, desde hace más de un año, la justicia federal argentina es escenario de una disputa que toca la libertad religiosa, el largo alcance de la represión rusa y los límites del celo fiscal, a costa de un hombre gravemente enfermo y de una joven madre que se niega a que le digan quién es.

El American Council on Justice and Conflict Resolution (ACJCR, Consejo Estadounidense para la Justicia y la Resolución de Conflictos), que presido como presidente y director ejecutivo, fue creado para asistir a ciudadanos atrapados en situaciones de crisis. Desde nuestra oficina en Fort Lee, Nueva Jersey, reunimos a analistas, activistas, diplomáticos, científicos, académicos, periodistas y educadores que examinan escenarios y opciones, ayudan a que las negociaciones avancen y actúan como canal no oficial allí donde los intercambios oficiales son imposibles. Nuestros simposios, seminarios y podcasts reúnen a los interlocutores más impensados en torno a cuestiones complejas, y nuestra red de organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil en muchos países nos permite intervenir dondequiera que los derechos humanos estén amenazados.

El 13 de octubre de 2026, el ACJCR presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuración General de la Nación respecto de Oscar Fernando Arrigo, el fiscal general que encabeza la fiscalía federal de San Carlos de Bariloche y coordina provisoriamente el distrito General Roca. Los lectores que nunca oyeron hablar de él, ni del hombre al que su fiscalía ha acusado, merecen un breve relato.

Konstantin Rudnev es un maestro espiritual y disidente ruso, fundador de una escuela espiritual conocida como Ashram Shambala. En Rusia, los grupos religiosos independientes son rutinariamente tildados de «sectas», y sus líderes terminan ante los tribunales por cargos falsos. Él fue condenado, encarcelado y cumplió la totalidad de su pena. Más tarde se trasladó a la Argentina, donde en 2025 fue detenido y acusado de trata de personas en los términos del artículo 145 bis del Código Penal argentino.

La presunta víctima de esa trata es Elena Makarova, una joven rusa que viajó a la Argentina para dar a luz, como lo hacen cada año miles de mujeres rusas para que sus hijos puedan obtener la ciudadanía argentina. Desde el principio rechazó el papel que se le asignó. En una carta manuscrita de junio de 2025 dirigida al juez, escribió que nunca había sido víctima de Rudnev y pidió ser excluida de la lista de víctimas; en varios escritos de septiembre de 2025 describió presiones para que aceptara esa etiqueta, semanas de aislamiento con su hijo recién nacido en un refugio federal y obstáculos para comunicarse con su abogado. Según sus presentaciones posteriores, la fiscalía recibió la carta, pero no la remitió al juez, y se abrió una causa penal contra su abogado después de que este defendiera la versión de los hechos de ella.

Rudnev, mientras tanto, pasó largos meses en la cárcel federal de máxima seguridad de Rawson. En dos ocasiones, jueces argentinos consideraron que el arresto domiciliario con monitoreo electrónico bastaba para neutralizar cualquier riesgo procesal: primero en octubre de 2025 y nuevamente en abril de 2026. Las dos veces, la fiscalía apeló y obtuvo la revocación: de los jueces revisores en octubre de 2025 y de la Cámara Federal de Casación Penal en junio de 2026. En el medio, el Ministerio de Seguridad de la Nación certificó que su domicilio en la provincia de Buenos Aires era apto para el monitoreo electrónico, y un tribunal autorizó su traslado a un hospital tras constatar que la unidad médica del penal no podía tratarlo.

Su salud, ya frágil, se deterioró de forma marcada. Los informes médicos presentados en 2026 describen un grave daño nervioso en ambas manos, una cardiopatía hipertensiva que eleva el riesgo de accidente cerebrovascular, un estrechamiento del canal medular que le dejó debilidad en los cuatro miembros, un presunto accidente isquémico transitorio y tres cirugías entre mayo y septiembre. Tras el fallo de Casación, permaneció en su domicilio mientras se aguardaban nuevas evaluaciones médicas, y los fiscales siguieron insistiendo en su regreso a prisión. El 8 de octubre de 2026, los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación, que lo habían examinado en su domicilio una semana antes, concluyeron que «no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario».

Nuestro consejo decidió actuar por razones que están en el corazón de su misión. Un disidente religioso extranjero, proveniente de un país con un historial bien documentado de persecución de las religiones minoritarias; una mujer que insiste en que es libre y no ha sufrido daño alguno; y un imputado al que los propios médicos del Estado declaran no apto para la prisión: todos ellos tienen derecho a reclamar la equidad de la justicia argentina. El trabajo de mediación y de gestión de crisis enseña que los conflictos escalan allí donde una de las partes deja de escuchar, y este caso muestra lo que ocurre dentro de un sistema jurídico cuando eso sucede.

Nuestra presentación deja las decisiones judiciales en manos de los jueces, que son los únicos que responden por ellas, y se concentra en la conducta de la fiscalía: sus pedidos, sus argumentos y el peso que dio, en cada etapa, a la información del expediente. Su pregunta central es si los reiterados pedidos de prisión se basaron en una evaluación concreta de los riesgos o en una posición fijada de antemano que ninguna prueba nueva podía modificar. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Argentina impone un deber de objetividad, y el Código Procesal Penal Federal establece que la prisión preventiva es excepcional. Los mismos principios figuran en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, y en la ley argentina que garantiza a las personas presentadas como víctimas el derecho a ser escuchadas.

Los fiscales auxiliares, entre ellos Tomás Labal y Gustavo Révora, argumentaron en las audiencias, y cada posición provino de la fiscalía que encabeza Arrigo. Por eso pedimos a las autoridades disciplinarias que establezcan si Arrigo fijó, aprobó o toleró esa línea como titular de la fiscalía y coordinador del distrito. Queremos que la conducta del fiscal sea examinada a la luz de sus deberes legales y que, si los hechos se confirman, se abra un procedimiento disciplinario, se sancione a Arrigo como corresponda y se lo reemplace en la causa.

La resolución de conflictos empieza con una disciplina sencilla: la disposición a escuchar lo que dice la otra parte. Elena Makarova sostiene la misma versión desde hace más de un año, y ahora los peritos forenses del Estado argentino confirmaron lo que informaban los médicos de Rudnev.

La Argentina construyó una orgullosa tradición de defensa de los derechos humanos en los años posteriores a la dictadura, gracias a personas que se negaron a aceptar que las instituciones pudieran dejar de escuchar. Nuestra denuncia pide a sus fiscales que honren esa tradición en Bariloche.