martes, noviembre 17, 2026
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SOLICITADA | “Me condenaron por ser el ex: la (in)justicia laboral en su peor versión”

En medio de un discurso oficial que clama por “eficiencia, legalidad y responsabilidad individual”, el Tribunal del Trabajo N° 1 de San Isidro parece haber suspendido toda conexión con los principios republicanos. El fallo que me condena no solo es injusto: es absurdo, peligroso y revela una alarmante disociación entre el relato judicial y la realidad probatoria.

Fui condenado a pagar más de 32 millones de pesos por un supuesto despido laboral del que no participé, no conocí y del que nunca me beneficié. ¿Mi “pecado”? Haber sido el ex marido de quien, según la sentencia, dirigía un jardín de infantes sin habilitación legal. No firmé contratos. No impartí órdenes. No recibí contraprestación alguna. Nada. La única prueba fue el testimonio de una persona que, casualmente, también tiene juicio contra los mismos demandados. Dijo haberme visto “llevar plata” al lugar. Esa fue toda la base para fundar una condena multimillonaria.

Mientras el gobierno nacional promueve reglas claras en el mercado laboral, en la justicia laboral bonaerense se impone la condena por cercanía afectiva: si convivís con quien dirige un negocio, sos automáticamente considerado “empleador solidario”. El feudalismo judicial está más vivo que nunca.

La sentencia fue firmada por los jueces Sandra Isabel Fernández Rocha, Diego Javier Tula y Gustavo Alberto Canabal, quienes apelaron a una interpretación elástica del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que presume relación laboral cuando hay prestación de servicios. Pero a mí nadie me prestó servicios. No contraté, no dirigí, no despido. No era dueño del establecimiento. Y sin embargo, me condenaron.

Como si eso no fuera suficiente, la justicia decidió multiplicar mi castigo con una indexación brutal, que llevó una suma original de $173.000 a más de $32.000.000. Una docente que trabajó un año en negro obtiene, por arte de magia judicial, una sentencia equivalente al valor de un departamento. ¿Quién paga el precio de esa “justicia ejemplificadora”? En este caso, yo.

Mientras tanto, los verdaderos empleadores que evaden, informalizan o abusan de sus trabajadores siguen operando impunemente. En lugar de perseguir a quienes explotan, la justicia condena a un civil con otra actividad económica, solo por “haber estado cerca”. ¿Qué clase de seguridad jurídica puede construirse así?

Y lo peor: no puedo apelar la sentencia. Las Cámaras de Apelaciones Laborales de la Provincia de Buenos Aires están creadas por ley, pero no operativas. El único camino es la Suprema Corte bonaerense, una instancia cara, lenta y muchas veces inaccesible para el ciudadano común. El círculo se cierra: te condenan sin pruebas, sin defensa efectiva y sin instancia de revisión real.

Si lo que me ocurrió a mí se convierte en doctrina, cualquier pareja, familiar o amigo de quien dirija un negocio podría terminar condenado. En la provincia de Buenos Aires, la justicia laboral no necesita pruebas. Solo necesita una sospecha, una relación afectiva y una narrativa conveniente.

A los jueces les digo: si el derecho se convierte en una herramienta para castigar por analogía, sin congruencia ni evidencia, no estamos ante una república. Estamos ante una maquinaria de poder con ropaje judicial.

Y eso, en un país que pretende refundarse sobre la libertad y la legalidad, es inadmisible.

Gabriel Badino DNI 17.278.987


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