La empresa SCC Power presentó un pedido ante el Juzgado Federal de Campana para modificar la medida cautelar que restringe el funcionamiento de la central termoeléctrica Matheu III, ubicada sobre la Ruta 25, en el límite entre los partido de Pilar y Escobar. Solicitó autorización para operar dos turbinas entre las 9 y las 21 horas durante seis meses, a partir del 1° de noviembre, con posibilidad de extender ese horario en casos excepcionales si CAMMESA lo requiere para asegurar el suministro eléctrico.
En su presentación, la firma argumentó que la solicitud se basa en la situación de “emergencia en el sector eléctrico” y en las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipan temperaturas superiores a las normales para el último trimestre del año en gran parte del país. También destacó que la planta ocupa un “nodo estratégico” dentro del sistema energético del Gran Buenos Aires, al abastecer zonas densamente pobladas como Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y el norte de la Ciudad de Buenos Aires.
SCC Power recordó que ya había operado de forma temporal entre diciembre de 2024 y junio de 2025, "sin registrar inconvenientes ni incumplimientos técnicos", según los criterios establecidos por CAMMESA.
El nuevo pedido generó un rechazo inmediato en la comunidad, especialmente en la organización 1810 Vecinos Unidos por Pilar, que desde hace ocho años reclama el traslado definitivo de las termoeléctricas de la zona. En un comunicado, el grupo expresó su oposición: "Nos mintieron otra vez. Estas plantas deben irse definitivamente. En 2024 les dieron una prórroga por seis meses, con el compromiso de iniciar su traslado. Dijeron que era la última, pero vuelven a pedir una nueva autorización con la excusa de una supuesta emergencia energética".
La organización vecinal subrayó que las centrales están emplazadas "a metros de barrios residenciales y escuelas" y manifestó que "la emergencia no puede ser excusa para violar la ley ni poner en riesgo la salud y el ambiente de miles de familias".
Además, solicitaron al juez federal Adrián González Charvay que "haga cumplir la ley" y reclaman que se concrete el traslado de las plantas.
En marzo de este año, la empresa había anunciado el inicio del proceso de desmantelamiento de Matheu III, tras años de oposición vecinal y decisiones judiciales. La central iba a comenzar entre septiembre y octubre su retiro formal en tres etapas, que incluían la remoción del sistema de combustible líquido, el retiro de turbinas y equipos, y la readecuación del predio.
Desde su instalación en 2017, la planta enfrentó el rechazo de vecinos y autoridades locales de Pilar y Escobar. En 2022, la otra central ubicada en la zona, operada por APR Energy, cesó definitivamente sus actividades. El proceso de cierre definitivo de Matheu III había sido presentado como un paso hacia la resolución del conflicto ambiental en la zona, pero el nuevo pedido de funcionamiento parcial reactivó la preocupación entre los habitantes de Villa Rosa.
