Negociaciones en la toma de Garrote: mas del 50% de las familias acordaron retirarse del predio

Son 124 las familias que actualmente se encuentran en diferentes sectores del barrio. Desde Nación, Provincia y Municipio, acercaron un acta acuerdo que fue aceptada por más de la mitad de los ocupantes para dejar el lugar voluntariamente.

Toma Barrio Garrote

Con la fecha de desalojo puesta por la Justicia para el próximo 17 de noviembre, continúa la toma en el barrio Almirante Brown del partido de Tigre, más conocido como barrio Garrote, y en las últimas horas se conformó una «Mesa de Articulación» entre representantes de áreas nacionales, provinciales y municipales para logar un acuerdo con las familias y que se retiren voluntariamente del lugar antes que deba cumplirse la orden judicial. Hasta el momento más de la mitad de las familias que componen la toma firmaron el acuerdo.

Este jueves, la Secretaría de Hábitat de la Nación, el Organismo Provincial de Integración Socio Urbana de la provincia de Buenos Aires (OPISU), la Dirección Provincial de Atención Inmediata, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tigre, y la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular municipal acercaron a las 124 familias ocupantes del predio un acta acuerdo.

El documento establece un compromiso de las autoridades «a proponer una respuesta tendiente a facilitar una solución habitacional adecuada a sus necesidades, en el marco de los proyectos que se impulsarán a tales efectos, dentro del Plan Bonaerense de Suelo Vivienda y Hábitat de la Unidad de Tierra y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y los acuerdos firmados entre la entonces Secretaría de Hábitat de la Nación con la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tigre, teniendo en cuenta sus posibilidades presupuestarias». Para ello, señala el acta, los ocupantes «se comprometen a desocupar de manera inmediata» el predio.

De las 124 familias censadas, un 40% se encuentran ocupando desde el pasado domingo 8 de noviembre construcciones sin terminar del programa Sueños Compartidos, que interrumpió su ejecución en el marco de una causa judicial que investiga desvío de fondos. El resto de las familias se encuentran ocupando terrenos linderos a las construcciones y también en la costa.

«Se están haciendo todos los esfuerzos entre el Municipio, la Provincia y la Nación en una mesa interagencial para trabajar una solución pacífica. Se habló con cada familia y se logró que 70 firmen el acta y se puedan ir a sus casas de origen de manera voluntaria, con el compromiso que a partir de hoy vamos a empezar a hacer informes socio ambientales con trabajadoras sociales para cada una de esas familias, para ver que soluciones transitorias podemos darles en el marco de la situación de déficit habitacional que están viviendo», manifestó el tigrense Federico Ugo, quien tiene a su cargo una secretaria en el Ministerio de Desarrollo Social de Provincia.

En ese sentido, el referente del Movimiento Evita sostuvo que «hay un fundamento en el planteo de las familias, porque las obras que están en ese barrio están paralizadas hace casi nueve años y tenemos una tarea pendiente como Estado para resolver ahí» y aseguró que «la primera tarea es trabajar con las familias para tener soluciones inmediatas y transitorias, y en una segunda instancia, trabajar con las distintas áreas de Gobierno para construir soluciones definitivas».

«Queremos hacerlo de manera coordinada, organizada y junto a la comunidad del barrio. De hecho se viene trabajando con el Organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU) para un proyecto integral que tendrá su mediano y largo plazo pero que pretendemos que sea definitivo», cerró.

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