Última etapa de la construcción de la alcaidía en Escobar: una obra que se desarrolló entre la necesidad y la polémica

El edificio estará ubicado en un predio sobre la calle Gelves, junto al cementerio municipal y estiman que se termine en el mes de junio. Durante varios meses, vecinos movilizaron para que no se construyera. Un estudio de impacto socioambiental dio el visto bueno a la obra, que desde la comuna califican como "la solución a un problema estructural" en el distrito, que hoy cuenta con 17 presos alojados en comisarías.

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Para el mes de junio se proyecta que esté finalizada la construcción de la alcaidía de Belén de Escobar, una obra que generó controversia entre los vecinos por su ubicación a pocas cuadras del centro de la ciudad, pero que se sostiene en la necesidad de evitar tener detenidos en las comisarías de cada una de las localidades del distrito, generando un entorno de mayor seguridad en las mismas y la disponibilidad de efectivos para tareas netamente policiales. Desde fines de 2020 a esta parte hubo movilizaciones de vecinos y estudios de impacto ambiental para determinar su correcta localización, que finalmente se estableció en el barrio Donatelli.

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La construcción de la alcaidía forma parte de un plan de la provincia que incluye, además de Escobar, a otros municipios del conurbano bonaerense donde también se llevarán adelante estas obras de infraestructura penitenciaria. En diciembre de 2020 se firmó el convenio entre el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y el intendente Ariel Sujarchuk, en el marco del programa.

El edificio estará ubicado en un predio de una hectárea y media, sobre la calle Mateo Gelves y Tiziano, junto al cementerio municipal y tendrá 88 celdas repartidas en dos módulos de dos niveles, con cuatro pabellones cada uno. La inversión de los trabajos son realizados por la Provincia de Buenos Aires y supera los $904 millones.

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio a QUE PASA, el funcionamiento de la nueva alcaldía, que se estima esté culminada en el mes de junio, permitirá remitir los 17 detenidos con domicilio en Escobar que actualmente hay en diferentes comisarías del distrito como así también otros detenidos, también con domicilio en Escobar que actualmente se encuentran en dependencias de otros distritos de la zona norte.

"Viene a resolver un problema estructural de la provincia de Buenos Aires con la cantidad de plazas para alojar a los detenidos", manifestó el secretario del área, Nicolás Serruya, en una entrevista con este medio y valoró además que la alcaidía generará alrededor de 160 puestos de trabajo.

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"Es muy importante que las personas que han tenido problemas con la ley penal estén en un lugar adecuado, que nuestros policías y nuestras policías puedan estar en la calle trabajando y no avocadas a tareas administrativas adentro de la comisaria. Creo que nos va a dar un gran salto cualitativo en materia de seguridad", afirmó y adelantó que "la puesta en funcionamiento estaría para fines de mayo o principios de junio". Actualmente, al menos 10 efectivos están abocados a las tareas de cuidado en las comisarías de Escobar y no se encuentran realizando tareas de prevención.

Desde la comuna sostuvieron que la implementación de esta nueva infraestructura penitenciaria en términos de seguridad es mucho más adecuada para tener detenidos en relación a las comisarias, donde los últimos años se dieron situaciones de fuga. Allá por el 2007, en el mes de mayo, cinco detenidos se escaparon de la comisaría segunda de Ingeniero Maschwitz. En la misma localidad, un preso domiciliado el barrio Lambaré se dio a la fuga en octubre de 2015. El último hecho de este estilo fue en septiembre de 2020, cuando siete personas que se encontraban detenidas se escaparon de la comisaría 3° de Garín, luego de haber cortado los candados de uno de los calabozos donde se encontraban.

"Escobar vivió situaciones terribles como fue la fuga de la comisaría de Garín, bandas que han logrado liberar a sus detenidos, no estaban en condiciones las comisarias para repeler este tipo de acciones o bien para tener personas alojadas, llevando los alimentos, las familias esperando en la puerta generando situaciones incomodas que no eran las adecuadas y tampoco llevándolo a situaciones que no son las mejores para el personal policial que tiene que estar trabajando en la calle, que tiene que poder estar en situaciones de trabajo cómodo cuando tenga que tomar la denuncia", detalló Serruya.

El reclamo vecinal: "No a la cárcel"

La localización de un dispositivo de encierro a personas que se las priva de la libertad por haber cometido un delito siempre es motivo de conflicto. Más en una traza urbana que donde quedan poco lugares que no sean linderos con zonas residenciales. Y esta situación también se dio en Escobar donde desde el anuncio a fines de 2020 y hasta el comienzo de la obra, un grupo de vecinos del barrio Donatelli realizó movilizaciones para pedir que no se construya la alcaldía sobre la calle Gelves, junto al cementerio. El pedido era "No a la cárcel", más allá que, en términos técnicos, la alcaidía tiene un tamaño cinco veces menor a una cárcel tradicional.

Los vecinos se convocaron en reiteradas oportunidades en el centro del distrito, sobre Ruta 25 y Panamericana, en la plaza central y frente a las puertas del predio donde hoy se encuentra la obra. Entre los pedidos estaba la reubicación de la alcaldía, argumentando que se trataba de "un barrio de casas bajas" y con "poca infraestructura para recibir semejante edificio". También la cantidad de alojados que tendría el lugar, que en un principio trascendió que se trataría de cerca de 300. Además, sostenían que la colocación de la alcaldía aumentaría la situación de inseguridad en la zona.

El comienzo de la obra de la alcaldía estaba prevista para mediados de 2021. Sin embargo, luego de una de las movilizaciones de vecinos y de una reunión entre el jefe comunal Ariel Sujarchuk y quienes reclamaban su relocalización en octubre de ese año, se definió la realización de un estudio socioambiental para conocer las condiciones del entorno, lo que demoró poco más de cinco meses su inicio.

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Por aquel entonces, Lourdes, una de las representantes de los vecinos que ingresó a la reunión con autoridades municipales destacó que se le de lugar a los vecinos en la realización del estudio y contó que en el barrio se realizarían "perforaciones para evaluar el estado del terreno y del agua potable" y se harían "encuestas a los habitantes, sociedades y escuelas de la zona, para determinar si la alcaldía puede hacerse en este terreno".

En diciembre de 2021, finalmente comenzaron las tareas, luego que el Ministerio de Justicia de la Provincia junto a la Universidad de La Plata (UNLP), encargados del estudio que llevó adelante, autorizaran la construcción y operación de la institución.