Estela Chávez, una vecina de San Fernando de más de 65 años, lleva más de un mes detenida por intentar llevarse un corte de carne de un supermercado. Aunque fue interceptada por personal de seguridad antes de cruzar la línea de cajas, permanece alojada en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires, donde sufrió problemas de salud y tiene limitada las visitas de sus familiares.
La mujer tiene seis hijos, vive con una de sus nietas y cobra una jubilación mínima. Durante años trabajó en casas particulares, pero tuvo que abandonar esa actividad porque el costo del transporte y el esfuerzo físico hicieron cada vez más difícil continuar.
El episodio que derivó en su detención ocurrió el 8 de octubre de 2026. Según la acusación, las cámaras de seguridad de un supermercado registraron cuando intentaba esconder un corte de carne entre sus prendas. Los empleados de seguridad la interceptaron mientras estaba en la fila de las cajas y dieron aviso a la Policía.
a causa, identificada como CCC 52837/2026, tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25. Según informó El Destape, el expediente quedó vinculado a otra causa similar de 2025 y, el 26 de octubre, la Justicia dictó la prisión preventiva de Chávez.
Según publicó ese medio en una investigación de la periodista Marta Dillon, la decisión se produjo después de que el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires se comunicara con el juzgado y la defensa de la mujer.
Estela está representada por la Defensoría Pública Oficial Nº15 y permanece alojada en la Alcaidía Nº15, ubicada en el barrio porteño de Chacarita, un establecimiento destinado a detenciones transitorias. Su situación se prolonga pese a que la acusación corresponde a una tentativa de hurto, un delito que contempla una pena reducida respecto del hecho consumado.
Durante su detención, la jubilada comenzó a sufrir complicaciones de salud. El 21 de octubre tuvo una infección urinaria y necesitó comunicarse con su defensor para conseguir atención médica y un antibiótico. El 3 de noviembre volvió a requerir asistencia y debió repetir el procedimiento para obtener un traslado.
Su hijo menor, Mariano Franco, se acerca una vez por semana para llevarle ropa limpia, alimentos y elementos de higiene personal, pero no tiene permitido verla.“Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí, está con problemas pulmonares porque todas sus compañeras fuman, fuman adentro, está en una celda con otras cinco. La semana pasada se descompuso de nuevo y por suerte conseguimos que la saquen al médico”, relató Mariano a El Destape.
Además, su familia reclama que se revise la medida judicial y que se contemple la posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su edad, sus problemas de salud y las características del hecho investigado. “Me prometieron que le iban a dar la libertad pero siguen pasando los días. Y además, hay gente con otras causas, mucho peores, que no está como ella, se ve todos los días”, sostuvo Mariano.
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